Se realizaron en la mañana de hoy dos Audiencias Públicas con vistas a dar cumplimiento al procedimiento establecido para el nombramiento de funcionarios en la Justicia entrerriana. En ese sentido a la hora 10 y 10:45 respectivamente, los Dres. Martín Francisco Carbonell y Luis Francisco Pedemonte participaron de la instancia de entrevista con la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos (As.C.yAc.) del Senado Provincial la cual preside el Dr. Lucas Larrarte.
Al inicio de las Audiencias Públicas el Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, señaló que las mismas se realizan en el marco de lo previsto en la Constitución Provincial y Reglamento de la HCS. Participaron además del Dr. Larrarte, los Senadores miembros de dicha Comisión, Angel Giano, Nancy Miranda, Raymundo Kisser y Roque Ferrari; el Secretario de Cámara (HCS), Natalio Gerdau, y la senadora Miryam Espinoza.
1er. Audiencia Pública
El Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, Dr. Lucas Larrarte indicó que existía “quórum suficiente de la Comisión” para realizar el acto “a fin que la Comisión pueda tratar el pedido de Acuerdo solicitado por el PE para que el Dr. Carbonell pueda ser designado al cargo referido, en el marco del expediente Nº12884 y art 103 inciso 2 de la Constitución Provincial de ER, las atribuciones del Senado para brindar Acuerdo para el nombramiento de funcionarios del Poder Judicial”. El Dr. Larrarte señaló además que “se han realizado manifestaciones y presentaciones de algunas personas adhiriendo y otras con impugnaciones u observaciones a su candidatura, se le ha dado vista al Dr Carbonell para que las pueda responder por escrito u oralmente en esta Audiencia; también las publicaciones que manda la ley han sido realizadas en tiempo y forma.”
En la primera Audiencia Pública de este martes, el Dr. Martin Francisco Carbonell, propuesto para ser nombrado como Juez Vocal de la Sala 2 en lo Civil y Comercial del Superior Tribunal de Justicia respondió a las preguntas del cuestionario elaborado por la Comisión. Se expresó en referencia a temas como motivaciones personales, impuesto a las ganancias, servicio público de justicia, y casos específicos, entre otros, además de consignar aspectos referidos a su patrimonio y relación con el Fisco.
Cabe señalar que el Dr. Carbonell es Abogado, egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional del Litoral, Año 1985. De sus antecedentes laborales cabe consignar que se halla inscripto en el Colegio de Abogados de Entre Ríos, diciembre de 1985 hasta junio 1986; y que ingreso al Poder Judicial de Entre Ríos como Fiscal en la Jurisdicción de Feliciano desde el 01/06/1988 al 17/06/1994. Se desempeñó como Juez de Instrucción Nº 1 de la Jurisdicción de Concordia desde el 17/06/1994 hasta el 01/09/2009; y como Vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia –interino- desde el 01/09/2009 hasta el 12/04/2012 cuando fue designado Titular por Concurso Nº 92 del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos.
El Dr. Carbonel comentó que es oriundo de Concordia y estaba acompañado por su familia en el Recinto del Senado. Indicó cual ha sido su desempeño en las diferentes funciones del Poder Judicial de la provincia donde se desempeñó, en localidades como Feliciano y Concordia.
En relación al Impuesto a las ganancias (IG) dijo: “entiendo que el impuesto a las ganancias está un poco tergiversado en su concepción original; de todos formas para las categorías del IG se contrapone con una cláusula que es la intangibilidad de las remuneraciones, y que no pueden ser disminuidos en ninguna instancia, así que ahí hay una contradicción. En 1994 no se modificó y fue porque no había intenciones de modificar esa cláusula, y si bien nos encontramos exentos al pago del IG hasta 2016, que por medio de una Acordada, se declaró que era inaplicable para los Jueces, y hoy ha cambiado por una ley; así que van a pagar IG los funcionarios que ingresen a partir del 2017”. Ejemplificó como fue resuelto en EEUU y señaló que “así serán cada vez más los que paguen IG en el país. También hay que pensar otras variantes y si efectivamente integra el concepto de lo que es una GANANCIA”, enfatizó; y agregó que “habrá que ver si consideramos que un sueldo es una ganancia, y bueno ésta ley establece este límite temporal”.
Consultado por el Senador Kisser en relación a que si ¿éste mismo razonamiento no se debería aplicar a los jubilados?, cuando se habla que los haberes deben ser integrales… A lo que el dr. Carbonell respondió que “Sí. Un salario no es una ganancia. Los jubilados no deberían aportar al impuesto a las ganancias”.
En cuanto a sus motivaciones para desempeñarse en la Sala Civil y Comercial Carbonell manifestó que “esta propuesta es un honor y un halago. Hace más de 30 años que trabajo en la Justicia. Tengo pasión por lo que hago y desde ese punto de vista profesional y personal, entiendo que todavía soy útil, que puedo aportar y estoy capacitado para esto. Me siento con ganas!, y tengo las mayores expectativas de seguir aportando para el Poder Judicial y el Servicio de Justicia que brinda el Estado”, y se reconoció como un Servidor Publico para la sociedad.
STJ Y Medios De Comunicación
Luego, fue consultado en ¿cómo entiende que debería ser la relación entre miembros del STJ y los medios de Comunicación en casos que suscitan el interés público?
La respuesta del dr. Carbonell fue que “antiguamente se decía y se sigue diciendo que los jueces hablan a través de sus sentencias y esta bien que así sea, pero en los tiempos que corren es necesario que los Jueces, -ya sea por el servicio de prensa que tienen el Tribunal-, después que están emitidos los fallos, pueden hacer aclaraciones de algunas cuestiones que no hayan sido bien entendidas por la población; en un lenguaje más llano, y no tan técnico. Nosotros tenemos que entender que los Fallos deben ser entendidos por toda la población, dejando de hablar tan técnicamente y que cualquier persona que lea una Sentencia entienda lo que se dijo. Pienso que siempre -con respeto-, los Jueces pueden tener contacto y dar entrevistas, y hacer aclaraciones a través de ella”.
Sistema Público de Justicia
También se le requirió opinión en relación a ¿qué soluciones faltarían en el STJ para un mejoramiento del Servicio Público de Justicia? , a lo que el postulante expresó que “faltan muchas cosas, y lo esencial es que la Justicia esté presente en cada pueblo de la Provincia; porque eso asegura el acceso a la Justicia como derecho constitucional. Se deben fortalecer esos organismos que están desparramados, y sobre todo en los lugares más chicos, donde se debe tener presencia activa para la población”. Habló también no sólo de la presencia, sino de la importancia de una “rápida resolución de la cuestión, celeridad y transparencia”.
En referencia a la Acordada 1818, referido a los procesos civiles y comerciales, donde su reglamentación establece algunas pautas temporales, se le consultó si ¿se puede cumplir con esos plazos? En este punto su respuesta fue taxativa también; dijo que “lo ideal seria que todos lo cumplieran. A veces a los Jueces de 1ra Instancia se les dificulta cumplirlos… para dictar sentencia. Lo que pasa es que con este sistema de la oralidad, cambia el paradigma del proceso civil escrito que transitaba hasta ese momento. Y entiendo que esa imposición de plazos de 10 días hace a la celeridad de los casos. Nosotros estábamos acostumbrados a dictar sentencia en 5 días, y al 6 día era nulo si no estaba notificado, de manera que lo que hay que hacer es sentarse a trabajar”, sentenció.
Propuso algunos cambios, por ejemplo al comentar que “esta nueva oralidad cambia un poco el expediente civil tradicional y yo creo que es perfectible en un aspecto que tienen que ver con ello. No es solamente oralidad, sino viene enlazado en el registro de vídeo-conferencia, para no dejar sentado en papeles cuestiones de reserva de algunos casos. Implica dictar sentencia con la mayor calidad de información. El juez ve cómo se comportan, cómo hablan, etc… y este sistema se ha pensado para la 1ra instancia, y después todo el proceso sigue igual… El periodo de la etapa civil… insume mucho tiempo, entonces yo creo que eso sí debería modificarse”.
Respuesta las impugnaciones u observaciones
“Como siempre respeto todas las opiniones y el derecho que tiene toda la ciudadanía de expresar sus adhesiones e impugnaciones a cubrir estos cargos, pero la verdad que No las comparto! Hace 30 años que trabajo en el Poder Judicial y 25 en que estoy en el ejercicio del poder jurisdiccional del Estado, dictar fallos y resoluciones más justas para casos concretos.
Este grupo de personas que impugnan mi postulación, por no tener capacitación en derecho civil, están confundiendo capacitación con idoneidad. Aparte este tipo de cargos para el que me proponen no se agota en las funciones propias de una Sala civil, sino que implica en la mayoría del tiempo otras cuestiones” como el gobierno del Poder Judicial, conducción jurídica y política del mismo, y mucha labor trasciende a otros aspectos”.
Habló de su compromiso y señaló que “tengo un trabajo duro, a conciencia, con objetividad e imparcialidad y esas son algunas de las cuestiones que han tenido en cuenta y en la mira para postularme para este cargo. Leo mucho, estudio mucho y trabajo mucho” y agregó que en los últimos 10 años pidió 34 días de licencia, lo que “me da un promedio de licencia de 3 ó 4 días por año”.
También se refirió a la ley de responsabilidad del Estado y otras iniciativas de ley que tienen estado parlamentario en la Legislatura provincial, los que pueden consultarse en el sitio web www.senadoer.com.ar, Inicio, registro de vídeo de Audiencias Públicas.
2da Audiencia Pública
En una segunda etapa de la actividad de la mañana, se realizó la entrevista al Dr. Luis Francisco Pedemonte, propuesto para ser nombrado Defensor de Casación de la ciudad de Paraná. Al igual que el postulante anterior también respondió a temas como situación patrimonial y fiscal, motivaciones, Juicio por Jurados, ley de narcomenudeo, cárceles y otros.
De sus antecedentes curriculares y laborales se registra que es Abogado, egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional del Litoral, Año 1992, y Especialista en Derecho Procesal Penal (UNL), e inscripto en el Colegio de Abogados de Entre Ríos, 07/05/1993. Ingresó al Poder Judicial de Entre Ríos el 01/11/2008. Se desempeñó como Defensor –interino/Titular- de la Defensoría de Pobres y Menores Nº 10 de Paraná; Instructor y Asesor Letrado de la Dirección de Sumarios de la Provincia de Entre Ríos y, en la Oficina Anticorrupción y Ética Pública de la Fiscalía de Estado de Entre Ríos.
Al hacer uso de la palabra el Dr. Pedemonte indicó “soy nacido en Victoria, entre ríos. Ejercí la profesión durante 10 años y luego ingresé a la Fiscalía de Estado, en el área de Sumarios; allí llevábamos el trámite de investigación. En el 2004 cuando se creó la Fiscalía Anticorrupción, para mí fue un desafío trabajar allí. No era fácil porque tenía una infraestructura de investigación precaria; y su debilidad estaba en que era un órgano interno de la Fiscalía, y no dejábamos de estar dentro de la Administración Pública, pero sí tomamos como criterio que todas las causas que estuvieran en la Justicia penal, presentarnos como querellantes”.
Describió toda la labor que desarrollaron desde allí, su trayectoria y objetivos en cuanto a procesos de transparencia de acceso a la información publica, y salió el decreto; “era y sigue siendo necesario una ley de acceso a la información publica!”, recalcó.
Elaboración participada de normas
Se refirió también a la elaboración participada de normas. Y dijo que “elaboramos un proceso en ese sentido y esa idea sigue estando latente, se sigue trabajando en esas herramientas institucionales que tienen que ver con la calidad institucional”. Agregó también que “ésto es diferente a mi desempeño como defensor. Un organismo como la Fiscalía Anticorrupción debe estar en un ámbito adecuado del Ministerio Público para llevar adelante y así se estableció en la Constitución, dándole rango constitucional, lo que en la Oficina nosotros anhelábamos. Luego como defensor de Pobres y Menores con el sistema mixto., lo que nos da una perspectiva diferente entre el sistema mixto y el sistema adversarial; hoy con toda esa cuestión de funciones separadas en materia garantías, y con la dinámica y celeridad que este sistema genera”.
En relación a sus motivaciones para el cargo de defensor de casación, indicó que quiere “seguir con la misma energía que tenemos los Defensores, continuar esa línea de trabajo y entre todos empezar en principio a hacer reuniones de trabajo. Hacer un diagnóstico para ver dónde estamos parados, aprovechar la experiencia de la Dra. Saavedra, segundo la de los Defensores jóvenes que todos los días están en las audiencias, con inquietudes, y planeos fabulosos, y eso es muy positivo. Debemos saber dónde estamos ubicados desde la Defensa Pública, y creo que tiene una buena imagen; casi el 90 % de los casos son de defensas públicas.
Destacó que “la Defensoría de la Nación da un respaldo esencial, porque tienen una infraestructura muy importante”, sumado al sistema informático. No obstante dijo que “una cuestión que me preocupa es el tema de la cárcel. Nosotros entendemos que es una bomba de tiempo porque estamos saturados, casi a nivel de hacinamiento pero también creo que hay consenso institucional y político para abordar esa cuestión, tanto del Ejecutivo, como Legislativo y la Justicia, donde hay elementos para avanzar en respuestas”.
Se refirió a la labor de “la Comisión Bicameral de DDHH, y hoy tenemos una ley que se adhirió para que todos vengamos a aportar cuando sea necesario”; y sumado “al mecanismo provincial contra la tortura”, que en conjunto permite que “tomáramos todas esas pautas y que sea insumo para nuestro trabajo”.
Juicio por Jurados
Consultado en referencia al Juicio por Jurados dijo que “es una institución que es una deuda constitucional que debe implementarse. Es una estructura de sistema acusatorio, cuya esencia son los jueces por jurados, jueces populares, a los que el ajusticiado puede o no someterse ellos o a la Justicia ordinaria. Es una institución a la que la debemos tener, y básicamente porque es un mandato constitucional”.
Ley de narcomenudeo
De la aplicación de la ley de narcomenudeo, se mostró compungido para con las víctimas. Partidario de “la no represión, porque estamos hablando de victimas del narcotráfico, de victimas niños y hasta criaturas que empiezan desde chiquitos a consumir drogas, a veces con seis años de edad”. Expresó que hay modelos que enfocan desde otros puntos de vista, desde la prevención, desde el sistema de salud, etc.”
Dijo ser partidario “quizás contravención para sacar las armas, quizás sacamos la violencia armada en los barrios. Desde la defensa nosotros tratamos de afrontar esa demanda, y va a hacer falta más defensores oficiales. En noviembre hubo 70 personas detenidas en la Alcaldía por delitos de todo tipo, y es requiere una tarea del Defensor Público de ver la condición de detención, si se hace necesaria una detención para tratar alternativas…”. Habló del “sufrimiento que se padece en las cárceles” y también que “a veces no hay tobilleras”, y resaltó que “es mucho más barato una tobillera que mantener a una persona en la cárcel”. Por ello insistió en que “necesitamos que se le provea al servicio penitenciario, de mas tobilleras para descomprimir el sistema. Creo que ya hay unas 50 condenas y eso ya incrementa la población carcelaria. Por supuesto que la ley prevé un abordaje integral, y eso es bueno. Y todo ese abordaje necesita ser acompañado del proceso con infraestructura”, expresó Pedemonte.
Por su parte el Senador Giano manifestó que en el día de ayer estuvieron reunidos en la República Oriental del Uruguay, con autoridades y funcionarios de ambos países, recorriendo cárceles y expresó que “hay una decisión del Gobernador Bordet, de avanzar en ese sentido. Pudimos visitar una cárcel con 300 presos, donde tienen algunas particularidades, y otra cárcel construida por un sistema público-privado, para 2 mil presos”. El senador Giano dijo también que en la Legislatura “estamos en falta por no haber trabajado en algunos aspectos, como puesta en funcionamiento, visitar cárceles y ver el funcionamiento de las mismas”, al tiempo que señaló que en el Uruguay tienen “una población de 3,5 millones de habitantes y 12 mil presos”, mientras que en Argentina esa relación es menor.
Al igual que el postulante que lo precedió, toda la alocución del Dr. Pedemonte se encuentra cargada en el sitio digital mencionado arriba, y en ella se podrá escuchar también su opinión en referencia a Sala de Casación; libertades condicionales; Patronato de Liberados y otros aspectos de lo contenido en la crónica.
Cabe señalar que las Audiencias Públicas para Acuerdos fueron instauradas en el año 2015, al efecto de considerar la idoneidad y las impugnaciones de las personas propuestas para ocupar cargos que requieran Acuerdo del Senado de la provincia, conforme lo establece la Constitución Provincial (art 51°) y leyes especiales. Cabe señalar que al comienzo del proceso, cumplimentando el art 41°, ha sido abierto un Registro de inscripción de participantes libre y gratuito, al tiempo que corresponde señalar que todo el proceso es transcripto taquigráficamente (art 49° del Reglamento). Asimismo el art 20° señala también que “los ciudadanos y organizaciones en general, podrán ejercer el derecho a manifestarse fundadamente y por escrito, respecto de las calidades y méritos del candidato propuesto dentro de los (10) diez días hábiles siguientes a la segunda publicación y ante la Comisión que lleva adelante el procedimiento”; esas presentaciones de fundamentación deben realizarse de forma escrita ante la Mesa de entradas del Senado, donde estará a disposición de la ciudadanía los antecedentes curriculares del candidato/a que concursa un cargo en la Justicia Provincial.
Asímismo cabe consignar que posteriormente a las Audiencias de la fecha, será la Comisión de As.C.yAc. del Senado quien se expedirá a través de un Dictamen, expresando allí la conformidad o no para las postulaciones respectivas, y posteriormente el Pleno del Cuerpo legislativo de la Cámara Alta será quien defina en Sesión Pública, si se presta el Acuerdo Constitucional para las designaciones propuestas.
(Prensa Legislativa H.C.S)