Entre Ríos denuncia “amenazas y requerimientos inflexibles” de sus acreedores
El Gobierno de Entre Ríos denunció haber sufrido “amenazas y requerimientos inflexibles” de parte un grupo de inversores privados que, pese a existir una negociación en marcha, decidieron litigar contra la provincia ante tribunales internacionales para cobrar US$ 11,9 millones de un cupón de intereses vencidos del Bono ER 25.
En ese sentido, el Gobierno provincial recordó haber evidenciado su “buena fe en las negociaciones desde el comienzo del proceso, incluso mejorando su propuesta en tres oportunidades, sin un correlato similar de parte de sus acreedores”.
“La Provincia (de Entre Ríos) lamenta que los inversores hayan designado a una firma de abogados de Nueva York como su interlocutor en lugar de un asesor financiero como es práctica de mercado, lo que hubiera facilitado el análisis de las cuentas públicas provinciales entre especialistas en economía y finanzas, y no en litigios”, señaló el gobierno mesopotámico en un comunicado emitido.
La comunicación oficial también lamentó “que (los acreedores) en cada ocasión que han tenido oportunidad han optado por amenazar a la provincia y sus funcionarios con el inicio de acciones legales”.
“Esto confirma que la intención de dichos inversores fue siempre la de litigar si la provincia no se rendía a sus amenazas y requerimientos inflexibles en un brevísimo lapso de tiempo”, aseguró la provincia que gobierna Gustavo Bordet.
El mensaje tuvo lugar luego de que se conociera que un grupo de acreedores, liderados por Beauregarde Holdings LLP, presentara ante la Corte Federal de Manhattan una demanda por el impago de intereses del Bono ER 25.
El Bono, que fue emitido en 2017, tiene un capital de US$ 500 millones, pagadero en tres amortizaciones en 2023, 2024 y 2025 y una tasa de interés de 8.75%.
“Las condiciones que hoy afectan al país y a la provincia eran imposibles de prever a la fecha de la emisión del Bono. Una gran devaluación en 2018 fue seguida de una aguda recesión que llevaron al Gobierno anterior a recibir el rescate más grande de la historia del FMI e imponer estrictos controles cambiarios en 2019. A dicha crisis se sumó una pandemia sin precedentes en 2020”, subrayó el Gobierno de Entre Ríos.
En tales circunstancias, la provincia se vio imposibilitada de hacer frente a un cupón de deuda el pasado el 8 de agosto e inició un proceso de reestructuración mediante “un diálogo constructivo y de buena fe con los principales acreedores”, según se informó.
Sin embargo, el grupo de acreedores que inició el litigio -que sostienen representar al 54% de los tenedores del Bono- afirmaron en un comunicado público que la provincia “incumplió con sus obligaciones a pesar de estar en una sólida situación fiscal” ya que “de acuerdo a sus proyecciones presupuestarias, la provincia muestra niveles de endeudamientos robustos y relativamente similares a los del año 2017”.
En respuesta, el Gobierno entrerriano dijo que si bien el presupuesto “arroja un superávit en el resultado primario, el mismo no incluye en otros aspectos pauta salarial alguna, ni consideraciones referidas a mayores gastos y disminución de recursos provocados por las consecuencias de la pandemia, lo cual es sabido por los acreedores”.
“La provincia continuará trabajado sin descanso y haciendo sus mejores esfuerzos para paliar la crisis que atraviesa su población, incluyendo la renegociación de su deuda con todos aquellos acreedores dispuestos a tener un diálogo constructivo, de buena fe, en el marco de negociaciones extrajudiciales, sin dejar de respetar las instancias y los procedimientos legales que correspondan”, cerró el documento oficial.
Esta es la primera demanda que enfrenta una provincia argentina ante tribunales extranjeros desde que once de ellas iniciaran procesos de reestructuración el año pasado.
De ese total, Mendoza, Neuquén, Chubut y Río Negro fueron hasta el momento las que pudieron cerrar un acuerdo con sus acreedores.
A mediados de diciembre, Entre Ríos hizo su última oferta de reestructuración en la que propuso un nuevo bono con vencimiento en 2030 y que devengará un cupón anual del 2% el primer año (0% era en la propuesta anterior), y luego aumentara hasta el 6,75% (desde agosto de 2024 hasta la fecha de liquidación).
En consecuencia, el cupón promedio sube al 5,49%, dejando atrás la anterior oferta del 4,35%, efectuada en noviembre.
El gobierno de Gustavo Bordet criticó el accionar de un grupo de acreedores, liderados por Beauregarde Holdings LLP que se presentó ante la Corte Federal de Manhattan una demanda por el impago de intereses del Bono ER 25, a pesar de que había una negociación en marcha.