Diputados nacionales entrerrianos demandaron al Estado uruguayo por la planta de hidrógeno en Paysandú
Guillermo Michel, Adán Bahl y Marianela Marclay iniciaron una acción judicial preventiva para evitar un posible daño ambiental en el río Uruguay por la instalación de una planta de combustibles sintéticos.
Los legisladores nacionales del peronismo Guillermo Michel, Marianela Marclay y el senador Adán Bahl presentaron una demanda civil contra el Estado uruguayo y la empresa HIF Uruguay SA por el proyecto de instalación de una planta de combustibles sintéticos en la ciudad de Paysandú.
La acción judicial, que tramita bajo el expediente 3276/2026, fue presentada como una medida de prevención de daños y perjuicios ambientales. Según sostienen los demandantes, la planta podría provocar un daño irreparable en el ecosistema del río Uruguay si avanza sin cumplir con los procedimientos internacionales vigentes.
En ese marco, solicitaron que se adopten medidas razonables para evitar la posible afectación ambiental o, en su defecto, reducir su magnitud. El pedido se fundamenta en los artículos 1710 y 1711 del Código Civil y Comercial de la Nación y en lo establecido por el artículo 319 del Código Procesal Civil y Comercial.
Cuestionamientos por la falta de estudios ambientales
Los legisladores argumentaron que, pese a que el proyecto se desarrolla en Uruguay desde 2017, hasta el momento el país vecino no presentó los estudios ambientales ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), tal como exige el Estatuto del Río Uruguay.
Según remarcaron, esta obligación también surge de la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en particular de la sentencia del 20 de abril de 2010 en el caso conocido como “Botnia-UPM”, vinculado a la instalación de plantas de celulosa sobre el río Uruguay.
“Uruguay avanza unilateralmente otorgando autorizaciones, permisos y aceptando documentación de la empresa por fuera de la CARU, organismo donde debe presentar toda la información para que Argentina pueda controlar y evaluar el proyecto”, señalaron en la presentación judicial.
Críticas al gobierno provincial
En declaraciones públicas, Guillermo Michel cuestionó además la postura del gobierno entrerriano ante el avance del proyecto industrial en la costa uruguaya.
“Con la planta de combustibles sintéticos Frigerio quiere hacer como con la provincia: flotar. No tiene convicciones ni contracción al trabajo. Ante esta inacción decidimos accionar judicialmente con esta medida preventiva”, afirmó.
El dirigente también sostuvo que la demanda obligará a las partes involucradas a dar explicaciones ante la Justicia argentina. “Está demandado el Estado uruguayo y la empresa; se van a tener que sentar en la mesa y explicar el proyecto”, expresó.
Pedido de pericia ambiental
En el escrito judicial los legisladores solicitaron además que se requiera información detallada sobre la empresa HIF Uruguay SA y que se realice una pericia ambiental para evaluar los posibles impactos del emprendimiento.
Para esa tarea pidieron que intervenga la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA) de Uruguay o, en su defecto, que se designe un perito biólogo de oficio.
Finalmente, advirtieron que la comunidad de Colón y otras ciudades entrerrianas ubicadas sobre la costa del río Uruguay vienen manifestando preocupación por el avance de la obra, ante la incertidumbre sobre el impacto ambiental que podría generar la planta.