Socios y allegados a Kueider serán sometidos a un juicio promovido por la jueza Arroyo Salgado

Son seis personas que enfrentan cargos de lavado de activos, falsificación de balances y adulteración de documentos públicos. El caso federal involucra personas físicas y cinco sociedades.

La jueza Sandra Arroyo Salgado decidió hace unos días remitir a juicio en forma parcial la investigación.

Kueider será un protagonista ausente en la historia. Los que estarán en el banquillo serán dos de sus socios y supuestos testaferros. Se trata de Daniel González, alias «Gonzalito» o «Pajarito», y de su primo, Javier Rubel. Ambos formaron parte de Betail SA.

El fiscal Federico Domínguez y Arroyo Salgado coincidieron en calificar a esta firma como una «fachada». Su fin sería encubrir el presunto incremento patrimonial de Kueider mediante fondos provenientes de la corrupción. Así se lee en el documento fechado el 17 de marzo al que tuvo acceso Infobae.

Adquisiciones

Estas acciones habrían incluido la compra de departamentos en un edificio de lujo en Paraná. Según la investigación, para blanquear esta operación apelaron a falsificar préstamos entre ellos y con una financiera y a fraguar balances de Betail. También habrían adquirido vehículos. Uno sería la Chevrolet Trailblazer en la que viajaban Kueider y Guinsel cuando fueron detenidos en el puente De la Amistad.

González y Rubel enfrentarán el lavado de activos con agravantes. La investigación consideró que este delito se cometió con habitualidad y que ambos formaron parte de una banda para ejecutarlo.

Asimismo, puso en la balanza que habrían intervenido funcionarios públicos. Además, se les imputó uso de instrumento privado falso. A Rubel se le sumó haber falsificado un balance.

El segundo escalón

Otro imputado importante es José Carlos Noguera. Es el contador porteño cuyo estudio, según subrayó Arroyo Salgado, habría sido el “epicentro de la operatoria delictiva”. Allí “se gestionaban y gravitaban las principales maniobras de maquillaje emprendidas por la organización”. En el lugar se preparaba “la documentación que resultó ser falsa o adulterada”, detalló la magistrada.

Nogueras enfrentará los tres cargos: lavado de activos agravado, balance falso y uso de documento público fraguado. También está comprometida su esposa, Gabriela Patricia Saint Pierre. Ambos aparecen como directivos de Lectus SA y de Felsir Biotecnologia SRL. Ambas firmas figuran fondeando la cuenta bancaria con la que Guinsel atendía los gastos de los departamentos de Betail y atribuídos a Kueider.

El contador también arrastró en la causa a la empleada de su estudio, Débora Ferreyra. Ella era la responsable del trato con Rubel y de llevar los papeles de Betail. También deberá defenderse de los tres cargos.

Más implicados

Saint Pierre no es la única pareja comprometida. «Gonzalito» involucró a la suya. Se trata de la abogada Adriana Crucitta. Ambos eran socios de Peninsular Sudamericana SAS. Al igual que Lectus y Felsir, la firma fondeaba a Guinsel para pagar los gastos de los departamentos. Crucitta está acusada de lavado de activos agravado.

El cuadro lo completan las empresas Lectus SA; Felsir Biotecnológica SRL; Vijusa; Industrial Argentina SA; Nopor Service SA y Vía SNP Logística. Todas, según la investigación, habrían tenido participación en la maniobra de ocultamiento del origen ilícito de los bienes de Kueider. La acusación a personas jurídicas por su responsabilidad penal en el lavado es algo reciente en Argentina.

¿Por qué Kueider no aparece en esta instancia?

El exsenador está en Paraguay con Guinsel bajo arresto domiciliario. Allí serán juzgados el 20 de abril por tentativa de contrabando. Es la causa que se montó cuando se los detuvo intentando ingresar con USD 200 mil sin declarar. Una vez que el trámite esté resuelto, la Justicia del país vecino podrá extraditarlos.

Pero, además, existe un conflicto de competencia entre el Juzgado Federal de San Isidro y el de Garantías de Concordia. Ambos se arrogan la potestad de investigar al exsenador. El diferendo llegó a la Corte Suprema de Justicia el año pasado. El expediente fue a la Procuración General para dictamen. Está en las oficinas de Eduardo Casal desde el 5 de noviembre de 2025.

Una vez que se conozca la opinión fiscal, que no es vinculante, la Corte deberá zanjar el diferendo por uno u otro Tribunal. San Isidro ha sido, por lejos, el más activo. La elevación a juicio de los supuestos cómplices de Kueider es una prueba de eso. Si llega a este estrado, el camino está pavimentado.

“Compromete los más altos intereses de la República”

Casi al cierre del documento, Arroyo Salgado dejó sentada una apreciación sobre la relevancia del caso que elevó a juicio. “La gravedad institucional de los hechos investigados no puede ser soslayada. La presente causa involucra la investigación de maniobras de lavado de activos presuntamente cometidas en el marco de la actividad de un ex Senador Nacional”.

Estas acciones se dieron en “un contexto que compromete los más altos intereses de la República en materia de transparencia pública y lucha contra la corrupción”. Luego, citó los compromisos internacionales tomados por la Argentina en la materia y estimó que se trata de “obligaciones que este Tribunal no puede desatender”.

El fiscal Delgado, en tanto, evaluó que los fondos ilícitos que Kueider habría lavado están relacionados con pagos de coimas. Los sobornos habrían corrido por cuenta de la empresa Securitas. El objetivo: quedarse con contratos de seguridad privada. En Entre Ríos, esa operación involucró a Enersa, la distribuidora eléctrica estatal. Kueider, repasó el funcionario judicial, fue “el representante de las acciones” del Estado en la empresa. Además, consignó que el exsenador “habría mantenido contactos con los imputados Marcelo y Claudio Tortul”. Se trata de empresarios paranaenses vinculados a la operatoria de Securitas.

“Hay fundadas sospechas de que los fondos convertidos y colocados por la asociación investigada son de procedencia espuria, ya que existen indicios suficientes para suponer, en virtud de la tipología de maniobras realizadas y sus fechas de concreción, una directa vinculación con los pagos indebidos realizados entre principios de 2017 a abril de 2019 por la asociación ilícita conformada por los ex directivos del grupo empresarial Securitas”, precisó Delgado.