Excarcelaron a los presuntos testaferros de Edgardo Kueider

La Cámara Federal de San Martín resolvió otorgar la excarcelación a los dos presuntos testaferros del ex senador entrerriano Edgardo Kueider, en el marco de la causa que investiga una compleja maniobra de lavado de activos. Se trata de Daniel González, conocido como “Gonzalito” o “Pajarito”, empleado de la Biblioteca del Congreso, y de Javier Ernesto Rubel, primo del ex legislador.

Ambos estuvieron vinculados en distintas etapas a la empresa Betail SA, sociedad que, según la investigación judicial, habría sido utilizada como una fachada para la adquisición de bienes inmobiliarios que Kueider no podía justificar con sus ingresos declarados. La firma figura como propietaria de tres departamentos y dos cocheras en un edificio de lujo de la ciudad de Paraná.

De acuerdo al expediente, Betail SA nunca tuvo actividad comercial real ni giro económico alguno que permitiera explicar la integración de su capital. Además, ninguno de sus socios contaba con ingresos suficientes para justificar esas operaciones. Para la Justicia, la empresa habría sido creada con el objetivo de “la conversión, aplicación y disimulación de activos de origen ilícito”, permitiendo el ingreso al circuito legal de dinero considerado ilegal.

La causa se tramita en el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, con la intervención del fiscal Fernando Domínguez. González y Rubel habían sido detenidos en marzo del año pasado por orden judicial y alojados en el penal de Ezeiza. Posteriormente accedieron al arresto domiciliario y, a mediados de 2025, la Cámara Federal de San Martín resolvió concederles la excarcelación.

Según la investigación, González fue el primer socio de Kueider en Betail SA, empresa adquirida en diciembre de 2019, pocos días después de que el ex senador asumiera su banca. Durante algunos meses figuró como presidente de la sociedad, hasta que se produjo el traspaso de acciones a Rubel, quien pasó a ocupar ese cargo.

Rubel, de oficio albañil y con antecedentes laborales precarios, habría sido incorporado a la operatoria tras regresar de un frustrado intento de radicarse en Europa. Sin embargo, a fines de 2022 la situación se complicó cuando su entonces pareja lo denunció por el abuso de sus dos hijas menores. La causa avanzó y fue elevada a juicio, por lo que Rubel deberá enfrentar un proceso con jurado popular. En ese contexto, en mayo de 2024 se revirtió el traspaso accionario y, en los papeles, González recompró el 50% de la firma.

En paralelo, González figura como titular de la camioneta Chevrolet Trailblazer negra en la que circulaba Kueider cuando fue detenido en Paraguay con 200 mil dólares sin declarar. Su pareja es la abogada Adriana Crucitta, ex asesora del ex senador, también imputada en la causa y recientemente excarcelada por la misma Cámara.

Crucitta y González fueron socios en Peninsular Americana SAS, otra firma mencionada en el expediente judicial. Según consta en la investigación, desde esa empresa se fondeaban cuentas vinculadas a Iara Guinsel, pareja de Kueider, y esos fondos se utilizaban para cubrir gastos de los departamentos adquiridos a través de Betail.

Tanto González como Rubel están imputados por el delito de lavado de activos doblemente agravado: por la habitualidad de las maniobras y por haber integrado una asociación organizada para cometer este tipo de hechos, con participación de funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Además, se les atribuye el uso de instrumento privado falso, y en el caso de Rubel, la falsificación de un balance contable.

Si bien recuperaron la libertad, ambos continúan vinculados a la causa, que sigue avanzando en la Justicia Federal y mantiene bajo la lupa el entramado societario y financiero que rodeó al ex senador entrerriano.