Piden a la Justicia “seguir el dinero” de contratos vinculados al senador Vergara
El abogado y exconcejal de Concordia Mariano Giampaolo presentó un escrito ante el Ministerio Público Fiscal en Paraná y solicitó medidas para determinar qué tareas se realizaron, quiénes cobraron y cuál fue el destino de los fondos públicos involucrados.
El abogado y exconcejal de Concordia Mariano Giampaolo realizó una presentación ante el Ministerio Público Fiscal de Paraná, dirigida al fiscal Anticorrupción, en la que solicitó una serie de medidas destinadas a esclarecer las contrataciones vinculadas a la senaduría de José Gustavo Vergara.
De acuerdo con la documentación que dio origen a la presentación, inicialmente se individualizaron 22 contratos por una suma consignada de $65.950.000. No obstante, el escrito advierte que existen diferencias en las cifras que fueron publicadas y que tampoco estaría determinado con precisión si algunos montos corresponden a pagos mensuales o al período completo. Estos aspectos, según se plantea, deberán ser establecidos durante la investigación.
La principal cuestión que plantea Giampaolo es determinar qué trabajo realizó cada persona contratada y cuál fue el destino final de los fondos públicos.
Pedido de trazabilidad de los fondos
Entre las medidas solicitadas se encuentra la preservación inmediata de contratos, expedientes administrativos y registros digitales relacionados con las contrataciones.
También pidió que se obtengan informes sobre las tareas realizadas y sus correspondientes certificaciones, además de determinar quién propuso, autorizó y certificó cada contratación.
Otro de los puntos centrales de la presentación apunta a reconstruir la trazabilidad bancaria del dinero, desde las cuentas del Estado hasta su destino final.
En ese sentido, solicitó que se analice si, luego del cobro de los contratos, existieron extracciones inmediatas, transferencias a terceros u otros movimientos coincidentes que permitan establecer el recorrido de los fondos.
Además, planteó la necesidad de identificar quiénes operaron efectivamente las cuentas involucradas y realizar las pericias contables e informáticas que resulten necesarias.
“No estamos afirmando anticipadamente la existencia de un delito”
En diálogo con 7Páginas, Giampaolo aclaró que su presentación no implica una afirmación anticipada sobre la existencia de un delito, sino un pedido para que la Justicia determine qué ocurrió con los fondos.
“No estamos afirmando anticipadamente la existencia de un delito. Estamos pidiendo algo mucho más elemental: que la Justicia investigue y lo determine, ya que cuando se trata de dinero público, no alcanza con mostrar una transferencia. Hay que poder seguir el dinero hasta establecer quién fue su verdadero beneficiario”, sostuvo.
El abogado agregó que, si las contrataciones y los movimientos de fondos se ajustaron a la normativa, la investigación permitirá despejar las dudas existentes.
“Si todo fue legal, la investigación dará tranquilidad. Si existió un desvío, corresponde determinar responsabilidades”, afirmó.
El pedido de determinar a los beneficiarios finales
La presentación también contempla que, en caso de surgir conexiones objetivas a partir de la documentación y las pericias, se investigue si los fondos pudieron terminar en poder de personas vinculadas al senador, colaboradores u otros terceros.
Asimismo, se plantea determinar eventualmente si esos recursos fueron utilizados para finalidades diferentes de aquellas por las cuales fueron abonados.
Giampaolo vinculó su presentación con un planteo de transparencia y calidad institucional en el manejo de recursos públicos.
“Fui concejal de Concordia y conozco la responsabilidad que implica administrar fondos públicos. Repudio cualquier mecanismo de desvío de recursos. La Justicia constituye una garantía esencial de la democracia y tiene aquí la posibilidad de despejar dudas con documentación, prueba y trazabilidad”, manifestó.
Finalmente, sostuvo que la transparencia debe poder ser comprobada a través de documentación y resultados concretos.
“La transparencia no se declama: se demuestra. Y el dinero público debe poder seguirse peso por peso”, concluyó.