La defensa de Bordet pidió apartar al fiscal Arias de la investigación sobre su patrimonio
Los abogados del exgobernador presentaron una recusación ante el Juzgado de Garantías Nº 2. Sostienen que el fiscal perdió objetividad durante la investigación y solicitaron que sea reemplazado.
La defensa del diputado nacional y exgobernador Gustavo Bordet presentó una recusación contra el fiscal José Emiliano Arias y solicitó su apartamiento de la investigación que se lleva adelante sobre el patrimonio del exmandatario. El planteo fue realizado ante el Juzgado de Garantías Nº 2 por el abogado Jorge Romero.
De acuerdo con la presentación, el objetivo del pedido es que la investigación continúe bajo la conducción de otro representante del Ministerio Público Fiscal. En ese sentido, la defensa sostuvo que la recusación “busca garantizar que la investigación se desarrolle con objetividad, transparencia y legitimidad, despejando cualquier sospecha sobre la actuación de quien la conduce”.
Además, el escrito plantea que, desde el inicio de la causa en febrero de 2024, el fiscal “fue perdiendo progresivamente la objetividad que la ley exige para el ejercicio de su función”, por lo que considera que existen fundamentos para solicitar su apartamiento.
Los argumentos de la recusación
Entre los principales cuestionamientos, la defensa sostiene que durante la investigación se habrían difundido públicamente determinados aspectos del expediente, mientras que otros fueron omitidos. Según el planteo, en distintas oportunidades trascendieron escritos, resoluciones y otros elementos de la causa antes de que fueran notificados formalmente a las partes.
Romero afirmó que esa situación “demuestra la intención del fiscal de instalar públicamente una hipótesis de culpabilidad antes de que exista una definición procesal sobre la situación de Bordet”. En esa línea, agregó: “Una cosa es investigar y otra muy distinta es utilizar información de una investigación para instalar públicamente una determinada versión de los hechos. La defensa no tiene que enterarse por terceros de lo que sostiene el fiscal en un expediente que debe conocer formalmente”.
Asimismo, el escrito sostiene que el fiscal habría expresado una opinión sobre el resultado de la investigación cuando Bordet “continúa siendo sospechado, no ha sido formalmente imputado y no existe sentencia alguna que determine responsabilidad penal”. Para la defensa, esa circunstancia “afecta directamente el principio de inocencia” y justificaría el apartamiento solicitado.
La defensa aclaró que no busca frenar la causa
En la presentación, los abogados del exgobernador remarcaron que la recusación no persigue el cierre de la investigación ni pretende impedir el avance del expediente judicial.
Al respecto, Romero explicó que “Bordet está a disposición de la Justicia y nunca se planteó otra cosa. Lo que estamos reclamando es que la investigación sea conducida por un fiscal que preserve la objetividad, respete la reserva de las actuaciones y garantice las reglas del debido proceso”.
El defensor agregó que “lo que no puede ocurrir es que una investigación se prolongue durante años, mientras el fiscal instala públicamente sus conclusiones y quiere generar ante la sociedad una percepción de culpabilidad antes de que exista siquiera una imputación”.
Cuestionamientos por el contexto de la investigación
Otro de los puntos incluidos en la recusación hace referencia al contexto político en el que se desarrolla la causa y al vínculo que, según la defensa, existiría entre el fiscal Arias y el intendente de Concordia, Francisco Azcué.
Sobre ese aspecto, Romero aclaró que la defensa no sostiene que esa relación constituya por sí sola una irregularidad, aunque consideró que “debe ser ponderada al analizar la necesidad de preservar la objetividad de quien conduce una investigación que puede tener consecuencias políticas”. En ese marco, afirmó que “cuando existe un vínculo personal entre quien conduce una investigación y un dirigente político que puede resultar beneficiado por el debilitamiento de otro dirigente, la Justicia debe extremar los cuidados para despejar cualquier sospecha de utilización política”.
Finalmente, la presentación también hace referencia a los procedimientos realizados sobre personas vinculadas al entorno del exgobernador y recuerda actuaciones previas del propio Arias en las que promovió recusaciones contra otros funcionarios judiciales. En ese sentido, Romero sostuvo que “la recusación no busca impedir que la Justicia investigue. Busca garantizar que esa investigación sea legítima. Si el fiscal ya tiene una conclusión sobre la culpabilidad de una persona antes de imputarla, es razonable que la defensa pida que sea apartado”, concluyó.