El fiscal argumentó que las pruebas son contundentes respecto a la actividad ilícita desplegada por los imputados. “Las escuchas son una evidencia más que sostiene la acusación. Esas escuchas no son sólo escuchas, sino que son interrelaciones telefónicas que se complementan y se deben analizar articuladamente con la restante evidencia, con la declaración de testigos, con las actas de procedimientos, con los informes de las pericias que hizo la División Criminalística y otros funcionarios, por eso creo que son de grandísima relevancia”.

Azcué también informó que ahora se pudo acceder a las conversaciones de WhatsApp de los celulares. “No solamente se reforzó la evidencia que teníamos de estas conversaciones que eran las llamadas telefónicas, sino que también tenemos muchísimas más evidencias que sostienen la acusación y se van a imputar nuevos hechos que surgieron de estas pericias de los celulares. La evidencia habla por sí misma, acá no estamos inventando pruebas, no estamos inventando que alguien cometió un hecho que no lo hizo sino todo lo contrario, nos basamos en la contundente evidencia que acredita los extremos que estamos imputando”, sostuvo.

El abogado también señaló que de todas las personas había algunas que tenían una situación procesal menos compleja. “Éstas personas están todas imputadas por asociación ilícita, que tiene una pena de entre tres y diez años, muchas además de la asociación ilícita están imputadas en otros delitos: robos calificados por uso de armas, venta de estupefacientes, promoción de la prostitución, provisión ilegal de armas de fuego, un montón de delitos. Hay personas que están menos complicadas que otras, procesalmente hablando, entonces el juez por eso a algunos le dio a la libertad con medidas porque tienen una situación menos grave y tuvieron otra participación en los hechos. No es lo mismo entrar a una casa armado y robar que vender las cosas robadas, hasta en términos de riesgos procesales, esa actividad revela un riesgo procesal menor la de reducir los efectos robados que la de ingresar armado a una casa, atar a los integrantes de la familia y sustraer los efectos”.

El fiscal afirmó que están investigando hechos muy graves. “Que un grupo comando, vestido de policía, con pasamontañas, irrumpa en una casa, aten a los integrantes de la familia y apunten a los niños para robarle la plata me parece gravísimo y si eso no es grave no sé qué sería grave”, se interrogó.

Por último, Azcué dijo que por esta investigación no ha recibido amenazas: “Son riesgos a los que nos exponemos en este tipo de profesión, pero hasta el momento no he recibido ningún tipo de amenazas”.