El escaneo de iris, un avance tecnológico que despierta dudas sobre privacidad y seguridad

La tecnología avanza más rápido de lo que podemos imaginar, y el escaneo de iris, alguna vez propio de películas de ciencia ficción, es una realidad cotidiana. Este método, que identifica a las personas mediante el patrón único de su iris, se presenta como la nueva frontera de la biometría. Sin embargo, lo que a simple vista parece una herramienta infalible de seguridad oculta riesgos personales y objetivos económicos que pocos conocen.

Desde la investigación que tuvimos en nuestro medio, abordamos este tema para comprender mejor de qué se trata, por qué está ganando terreno, y cómo se regula en Argentina. Para ello, hablamos con Guido Digioga, abogado y Director de Atención Ciudadana y Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Concordia, quien arrojó luz sobre el marco legal que protege a los ciudadanos frente a esta tecnología.

¿Qué es el escaneo de iris y por qué se utiliza?

 

El iris, ese anillo de colores que rodea nuestra pupila, posee patrones únicos en cada individuo, lo que lo convierte en una huella digital visual. Capturarlo y analizarlo permite verificar identidades con una precisión extraordinaria. El escaneo se utiliza en aeropuertos, bancos, sistemas de acceso corporativo y hasta en dispositivos móviles, con la promesa de hacer nuestras vidas más seguras y ágiles.

 

Pero, como nos explicaron, la tecnología no es neutral. Detrás de esta sofisticada innovación hay mucho más que un intento por garantizar la seguridad de las personas.

Los riesgos detrás de la tecnología

 

Los datos biométricos, como el iris, son información sensible. No se pueden cambiar como una contraseña, y si una base de datos que almacena esta información es vulnerada, el daño puede ser permanente. “El principal problema es la falta de conocimiento de la gente sobre cómo se recolectan, almacenan y utilizan sus datos”, advierten especialistas en derechos digitales.

 

El robo de identidad, aunque menos común en este ámbito, no es imposible, y si bien los sistemas prometen seguridad, nadie puede garantizarla al 100%. Además, preocupa el uso que las empresas podrían hacer de esta información con fines comerciales, como personalizar anuncios o crear perfiles detallados de comportamiento.

Un negocio millonario

 

El escaneo de iris no solo busca mejorar la seguridad, sino también alimentar un mercado que crece a pasos agigantados. Automatizar procesos permite a las empresas reducir costos y aumentar la eficiencia, pero también abre la puerta a la monetización de datos. Las compañías podrían usar los patrones biométricos para el desarrollo de inteligencia artificial o incluso vender información a terceros, un modelo de negocio que levanta cuestionamientos éticos en todo el mundo.

 

¿Cómo estamos protegidos en Argentina?

 

En el plano local, esta tecnología se encuentra regulada por la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326, que busca garantizar el consentimiento informado de los ciudadanos y prohíbe el uso indebido de sus datos. Según nos explicó Guido Digioga, la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) es la encargada de fiscalizar y velar por el cumplimiento de esta normativa.

 

“En Argentina, toda recopilación de datos biométricos debe respetar los principios de legalidad, finalidad y proporcionalidad. Es decir, las empresas o instituciones que recolecten esta información deben ser transparentes sobre su uso y protegerla de cualquier acceso no autorizado”, explicó Digioga en diálogo con nuestro medio.

Además, desde la AAIP se ofrecen herramientas para que los ciudadanos puedan realizar reclamos o verificar el tratamiento que se les da a sus datos. En el sitio web oficial, se detallan los trámites disponibles para quienes deseen ejercer sus derechos en este ámbito.

 

El desafío de proteger lo único

 

El escaneo de iris es un avance tecnológico que combina precisión y eficiencia, pero su implementación masiva abre nuevos frentes de debate sobre privacidad, consentimiento y control de la información. Si bien la legislación argentina establece salvaguardas, el desafío radica en su correcta aplicación y en educar a los ciudadanos sobre sus derechos frente a estas tecnologías.