Diputados trata un proyecto que crea en Entre Ríos una Fuerza Policial Antinarcotráfico bajo la órbita de Procuración
La iniciativa, que será abordada el jueves en la Comisión de Seguridad, señala que será una institución civil armada que dependerá de la Procuración General de la Provincia . La polémica iniciativa fue rechazada por sectores vinculados a los derechos humanos: dicen que apunta a «perseguir a jóvenes pobres de barrios populares» y que «es una copia fiel de una ley cordobesa».
El proyecto fue presentado por la diputada provincial Ayelén Acosta (PRO) a comienzos del mes de agosto y dispone la creación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico como cuerpo profesional especializado que dependerá funcionalmente del Procuración General de la Provincia.
Será abordado el jueves a 15 a las 11 por los diputados y las diputadas que integran la Comisión de Seguridad.
La Fuerza Policial Antinarcóticos «será una institución civil armada que ejercerá sus funciones en todo el territorio provincial y tiene a su cargo en forma exclusiva la realización de los actos de prevención, disuasión, conjuración e investigación de los delitos previstos en el artículo 34 de la Ley Nacional Nº 23.737 (Ley de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes) y su modificatoria, de conformidad a la adhesión dispuesta por Ley Nº 10.566», se indica en la iniciativa.
La Fuerza acatará «las directivas generales e instrucciones del Fiscal General y de los Fiscales de Lucha contra el Narcotráfico o quienes ejerzan dicha competencia» e «inspeccionará en el marco de la lucha contra el narcotráfico y con finalidad preventiva, y siempre que existan indicios suficientes que permitan presumir que se transportan estupefacientes y/o sustancias utilizadas para la producción de los mismos, vehículos y/o su carga, equipajes o mercaderías, de conformidad a lo establecido en la legislación vigente.
Estará a cargo de un Jefe y un Subjefe, designados por el Poder Ejecutivo Provincial a propuesta del Procurador General de la Provincia y previo acuerdo de la Legislatura.
«El Jefe y el Subjefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico permanecerán en sus cargos mientras ejerza sus funciones el Procurador General que los propuso, pudiendo ser confirmados por su sucesor, en cuyo caso no se requerirá una nueva designación», se indica en el sexto artículo del proyecto al que tuvo acceso esta Agencia.
«Para ser designado Jefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico se requiere ser argentino nativo, mayor de edad, preferentemente con formación universitaria en materia de seguridad, acreditar experiencia y trayectoria en la lucha contra el narcotráfico o similar», se establece.
«La estructura organizacional, funcional y escalafonaria de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, la carrera profesional, el régimen disciplinario y demás derechos, obligaciones, inhabilidades e incompatibilidades de sus integrantes será establecida por ley, a propuesta del Procurador General de la Provincia», se indica.
El artículo 11º establece que «el ingreso a la Fuerza Policial Antinarcotráfico se efectuará exclusivamente previo proceso de selección, luego de haber superado las etapas de formación y capacitación que se realicen en el centro especial creado por la presente Ley».
«El Procurador General propondrá anualmente al Poder Ejecutivo Provincial la nómina de egresados de la Escuela de Formación y Capacitación, a efectos de su incorporación a la Fuerza Policial Antinarcotráfico», se señala, a la vez que se dispone que «las promociones y retiros se efectuarán a propuesta del Procurador General».
La iniciativa que promueve la diputada Acosta también establece la creación de «la Escuela de Formación y Capacitación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, bajo la dependencia funcional de la Procurador General, que estará a cargo del entrenamiento, la formación y capacitación de los aspirantes e integrantes de la Fuerza».
«El Procurador General, con la participación del Jefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, establecerá los planes de estudio, régimen disciplinario y demás disposiciones para el funcionamiento y desarrollo de actividades de la Escuela de Formación y Capacitación, con conocimiento a la Legislatura de la Provincia de Entre Ríos».
«Hasta tanto se complete el cuadro de agentes que integren la Fuerza Policial Antinarcotráfico, el Procurador General podrá solicitar la comisión de personal que se desempeña actualmente en la Dirección Toxicología de la Policía de la Provincia, u otros ámbitos de los Poderes Ejecutivo o Judicial. Dicho personal pasará a desempeñarse en forma permanente a la Fuerza Policial Antinarcotráfico, salvo pedido expreso de cada personal para permanecer en la Policía, sin afectación de ninguno de sus derechos y conservará su situación escalafonaria y carrera, en las mismas condiciones que las que posee actualmente», sostiene el proyecto.
Y determina que «una vez designadas las autoridades de la Fuerza Policial Antinarcotráfico y comisionado el personal en los términos del artículo 16 de esta Ley, todas las funciones y tareas de la Dirección Toxicología de la Policía de la Provincia de Entre Ríos quedarán a cargo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico».
La iniciativa además dispone la creación, en el ámbito de la Procuración General, de «un programa gratuito y permanente de atención telefónica de la modalidad 0800 o lo que los avances tecnológicos y de comunicación permitan, para la recepción de denuncias y demás datos en materia de narcotráfico» y orden que «las denuncias recepcionadas por la Policía de la Provincia en esta materia, deben ser comunicadas de manera inmediata al Ministerio Público».
También establece que se cree en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Provincia la Comisión Legislativa para el Seguimiento y Control de la Lucha Contra el Narcotráfico en la Provincia de Entre Ríos».
Críticas
El representante de la filial Entre Ríos de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Marcelo Boeykens, señaló que el proyecto de Ayelén Acosta «viene a perseguir a jóvenes pobres de barrios populares»
«Quienes se dedican al narcomenudeo son, por lo general, personas de barrios populares, sobre todo jóvenes», indicó y apuntó que este proyecto «viene a cerrar un círculo que ya empezó con la Ley de Narcomenudeo, a la cual nuestra provincia adhirió». «En resumen, esta ley propone perseguir a jóvenes pobres», denunció.
En diálogo con esta Agencia, Boeykens señaló que «el proyecto no es una invención de la diputada, sino que es una copia de la Ley 10.200 de la provincia de Córdoba».
En este marco, acusó que la iniciativa tiene «zonas oscuras que deberían ser revisadas». Al respecto, señaló que «la propia ley es contradictoria, ya que a veces dice que esta nueva fuerza dependerá del Ministerio Público Fiscal y, en otros fragmentos, de la propia institución policial».
«Además, una fuerza civil armada es inconstitucional», agregó. «Si se pretendiera crear una fuerza civil armada, estaríamos más cerca a los viejos Colombia o Perú del crimen organizado y con fuerzas paramilitares dentro de la vida política. Organizaciones que han llevado a la desaparición forzada y al desplazamiento de cientos de miles de personas», concluyó.
Sesión el miércoles y otros proyectos que se tratarán en comisión
La próxima sesión de la Cámara de Diputados se llevará a cabo el miércoles a las 11. En tanto, el martes a las 9 se reunirá la Comisión de Asuntos Municipales y Comunales para retomar el debate sobre la reforma integral de la Ley 10.027. En esta ocasión se tratarán el Título III (cuarta parte) Art. 119 en adelante y el Título III (quinta parte)
También se informó que el jueves 15 a las 9:30 la Comisión de Empleo, Previsión y Seguridad Social tratará el proyecto que crea la Caja de Previsión Social para profesionales en Ciencias Económicas de la provincia.