CARU bajo sospecha: cargos “ad honorem” que costarían U$S 50.000 mensuales y proyectos ajenos a su competencia
La delegación argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) atraviesa uno de los momentos institucionales más delicados de los últimos años. Documentación interna, notas administrativas y movimientos financieros detectados en el organismo binacional configuran un escenario de presuntas irregularidades que ponen en cuestión la transparencia en el manejo de fondos y el respeto del marco normativo vigente.
La CARU, dependiente de la Cancillería Argentina y responsable de la administración de los puentes internacionales Gualeguaychú–Fray Bentos y Colón–Paysandú, se encuentra bajo la lupa a partir de una contradicción central: una delegación argentina designada formalmente “ad honorem” que, pese a esa condición, habría instrumentado un mecanismo para disponer de alrededor de 50.000 dólares mensuales en concepto de supuestos gastos de representación.
La operatoria, impulsada desde la Presidencia del organismo, no solo implicaría un uso presuntamente irregular de recursos binacionales, sino también la elusión de controles básicos y la desnaturalización del concepto de gasto público.
Designaciones y gastos incompatibles
El actual presidente de la CARU, Raúl Luis Montero, fue designado mediante el Decreto N° 394/2025, publicado el 17 de junio de 2025. Abogado de profesión, exfuncionario del IOMA y exasesor durante la gestión de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, asumió el cargo con un discurso centrado en la austeridad y la eliminación de privilegios.
Sin embargo, según consta en la Nota DACARU N° 52/2025, Montero elevó un proyecto de resolución para que los gastos de representación correspondientes a “cinco” delegados fueran depositados en una cuenta del Banco Nación en Montevideo, pese a que la delegación argentina está integrada por cuatro miembros y todos ellos fueron designados “ad honorem”, manteniendo sus salarios en los organismos de origen.
El desvío estimado de fondos rondaría los 50.000 dólares mensuales. La maniobra presenta serias irregularidades: asignación de gastos incompatibles con cargos sin remuneración, centralización de fondos en una cuenta en el exterior sin individualización y ausencia de mecanismos claros de rendición.
Beneficios y uso de recursos binacionales
A estos fondos se sumarían beneficios financiados íntegramente por la CARU: oficinas compartidas con Cancillería, vehículos de alta gama —entre ellos una VW Tiguan y una Corolla Cross—, algunos con chofer, cobertura total de combustibles, peajes, viáticos, alimentación y alojamiento en dependencias del organismo.
Los recursos provienen principalmente del cobro de peajes en los puentes internacionales, ingresos que pertenecen en partes iguales a la Argentina y al Uruguay. La falta de criterios públicos de asignación y de rendiciones detalladas vulnera los principios básicos de transparencia en el manejo de fondos binacionales.
En ese marco, fuentes del organismo indicaron que un chofer y asesor de la CARU realizaría viajes mensuales a Montevideo en vehículos oficiales para retirar fondos en efectivo, por montos que incluso podrían superar los límites permitidos por la normativa aduanera, con viáticos diarios superiores a los 150 dólares.
Asesores, sueldos y superposición de funciones
La gestión también incorporó asesores con remuneraciones elevadas y uso de vehículos oficiales con patente diplomática. Entre los casos señalados figuran el del secretario técnico y administrador del Puente Internacional General Artigas, que concentraría dos cargos estratégicos, y el de una asesora externa con fuerte incidencia en decisiones administrativas.
La superposición de funciones, la escasa presencia laboral de algunos funcionarios y la falta de controles efectivos abren interrogantes sobre la eficacia del control interno y posibles conflictos de intereses.
Un proyecto millonario fuera de competencia
Otro punto crítico surgió con la Nota Externa DACARU N° 50/2025, mediante la cual se propuso un convenio con la Dirección Nacional de Vialidad para repavimentar la Ruta 136, que conecta Gualeguaychú con Fray Bentos, por un monto estimado en 15 millones de dólares.
El esquema de financiamiento incluía fondos de reserva de la CARU, recursos de contingencia de los puentes, partidas destinadas al dragado del río Uruguay e incluso la evaluación de un aumento de peajes. La iniciativa fue rechazada por la delegación uruguaya por considerarla ajena a las competencias del organismo y por comprometer recursos binacionales para fines externos.
El episodio tensó aún más la relación interna y aporta contexto a la ausencia de la delegación argentina en el acto por los 50 años del Puente General Artigas, luego justificada públicamente en nombre de la “austeridad”.
Contrataciones bajo sospecha
El cuadro se completa con una compulsa de precios para la impresión de 6.000 libros institucionales por un monto cercano a los 50.000 dólares. La recomendación habría recaído en una empresa cuyo objeto social no se correspondería con servicios editoriales y con domicilio en la ciudad de La Plata, lugar de origen del presidente de la CARU y parte de su entorno.
La discordancia entre el servicio contratado y la actividad declarada de la empresa, sumada a los vínculos personales y geográficos, configura indicios que, al menos, ameritan una auditoría exhaustiva.
Transparencia en cuestión
No se trata de versiones informales ni de trascendidos: existen notas identificadas, montos precisos, cuentas bancarias, nombres propios y decretos oficiales. Las preguntas que surgen son tan concretas como inquietantes: ¿con qué respaldo normativo se intentó canalizar dinero para gastos incompatibles con cargos “ad honorem”? ¿Dónde están las rendiciones? ¿Quién autorizó proyectos ajenos a la competencia del organismo?
La gravedad institucional no radica solo en los montos involucrados, sino en el quiebre de reglas que protegen recursos compartidos entre dos Estados. La situación expuesta exige explicaciones claras, controles efectivos y, de corresponder, investigaciones administrativas y judiciales. En la CARU, la transparencia dejó de ser una consigna y se convirtió en una obligación impostergable.