Gustavo Bordet recorrió la obra de pavimentación en el acceso a Osvaldo Magnasco y Villa Zorraquín

Es así como señaló que “ante la necesidad de generar puestos de trabajo en este escenario tan complejo, la obra pública claramente aparece en su doble rol de dinamizadora del empleo y de respuesta a la necesidad de mejorar la calidad de vida de la población”. Ante esa postura, que es lo más parecido a un plan de gobierno que pregona el oficialismo a nivel nacional, consideramos que más que una crítica a la misma, debería ser complementada, de una manera que la convierta en superadora. Al respecto debe señalarse que no hay objeción válida que pueda oponerse a la realización por parte del Estado, a todos sus niveles, de obras de infraestructura, cualquiera sea su dimensión, con la única condición de que, al inscribirse dentro de un plan integral en la materia, aparezca no solo como razonable sino, además, siguiendo un estricto orden de prioridades.

Agregando otra exigencia que se presenta como obvia, ya que debería ser así, cuando en realidad no lo es, que dichas obras sean llevadas a cabo correctamente y sean adecuadamente funcionales, es decir que estén en condiciones de cumplir con el propósito, para el cual se las ha encarado. Sin perjuicio de ello, no puede dejar de advertirse, que una estrategia de gobierno, así planteada, no deja de ser incompleta, y a la vez no efectúa una distinción de importancia, cual es la de diferenciar entre una coyuntura que debe -o al menos debería- considerarse como excepcional, y una situación de normalidad, cual es tan deseable como esperada. Algo que, por una parte, no queda claro en las consideraciones a las que nos referimos, en las que pareciera su objetivo en materia de obra pública, no sea la obra pública en sí misma, sino que estuviera “en la necesidad de generar puestos de trabajo”, algo que no puede tomarse cono norma sino, como se da a entender sin afirmarlo rotundamente, una ocurrencia pasajera.

A la vez se guarda silencio, ante una circunstancia decisiva, cual es que en forma paralela –y hasta diríamos prioritaria- una función especialísima que debe cumplir el estado, es las de crear y preservar las condiciones para que pueda florecer y fructificar la presencia de la acción privada en el ámbito de la economía, sin lo cual no existe reactivación posible. Es que con la economía reactivada como consecuencia de una producción creciente, a la que no se la asfixia como ahora ocurre con una presión tributaria confiscatoria, cepos a las exportaciones, y la instrumentación de un sistema policíaco en materia de precios, la obra pública resultaría una exigencia, y no un mecanismo para generar empleos, a la vez que cabría encarar la “cuestión social” en su significado más amplio y satisfactorio, lo que en la actualidad se lo ve haciendo mal lo que puede y está a su alcance. Y la descripción que hemos formulado sobre la situación del sector económico privado, no es consecuencia de una crítica malsana, sino que la misma viene a desnudar el sesgo anti/empresarial – una expresión cara a los economistas, que en nuestro criterio debería designarse como “anti productivista” o “contrario a la actividad económica en mano de particulares”- que queda corroborada con la existencia de “diablos” –o sea de la presencia diabólica- como actores protagónicos en nuestra economía.

Sin dejar de reconocer que la inflación –de tanto provecho para un gobierno que en su caso dice combatirla, sin llegar a la “guerra”, ya que contribuye en forma acelerada a diluir la deuda pública en pesos- viene hasta cierto punto a emparejar las cosas para mal, ya que se estima en ámbitos privados que ella está provocando un “ajuste invisible” en las remuneraciones del sector público, Incluido el “privilegiado”, a la vez que dicho castigo es mayor en los jubilados, del orden del 20 por ciento de sus ingresos.