La Dirección Nacional de Vialidad sancionó a Caminos del Río Uruguay por la falta de mantenimiento en 13 tramos
La Dirección Nacional de Vialidad sancionó a Caminos del Río Uruguay, concesionaria de la ruta nacional 14, conocida como la Autopista del Mercosur, por infracciones al contrato y la multó por $ 34,8 millones, a través de las resoluciones 2041/2021, 2044/2021 y 2055/2021 publicadas este miércoles en el Boletín Oficial.
Las normas señalan que Caminos del Río Uruguay incumplió “la obligación contractual dispuesta en las condiciones exigibles para la calzada de rodamiento, y en las especificaciones técnicas generales para el mantenimiento, reparación y conservación rutinaria”.
Al respecto, precisan que se encontraron valores del Índice de Serviciabilidad Presente (ISP) menores al contractual exigido, en 13 tramos en un total de 152 kilómetros.
En consecuencia, las resoluciones disponen la aplicación de tres multas que totalizan una sanción equivalente a 1.838.480 Unidades de Penalización (UP) por la tarifa vigente, que es $ 18,93 y lo cual da como resultado $ 34.802.426,4.
Con esta sanción, la concesionaria suma multas por $ 58,27 millones en los últimos cuatro meses, ya que a fines de agosto recibió una sanción por $ 6,83 millones; un mes después, otra por $ 9 millones; y a fines de noviembre, otra por $ 7,62 millones.
De acuerdo con Vialidad, la empresa no cumplió con la premisa de ejecutar todos los trabajos de conservación de rutina en el corredor y toda otra tarea para que brinde al usuario adecuadas condiciones de estética, seguridad y confort.
“La sumariada no ha presentado argumentos que demuestren que el incumplimiento verificado no le fuere imputable, o que existieran causas de justificación obstativas de la aplicación de la penalidad prevista para el incumplimiento constatado, toda vez que tal como se informó, no ha presentado descargo alguno”, afirmó el organismo que está bajo la órbita del Ministerio de Obras Públicas.
El Acta Acuerdo de la concesión establece 8.000 UP por tramo de evaluación donde se detecte un índice de serviciabilidad presente menor que el exigido, y 2.000 más por tramo de evaluación y por cada semana en que la concesionaria tarde en corregir la anomalía.