Concejales del PJ piden celeridad al Tribunal de Cuentas para que investigue la contratación de VITSA
Las concejales Carolina Amiano y Claudia Villalba solicitaron la intervención del organismo al no tener respuestas a pedidos de información por el convenio firmado con la firma que se hizo cargo -parcialmente- de la recolección de residuos.
Concejales recurrieron al Tribunal de Cuentas. Las concejales Carolina Amiano y Claudia Villalba realizaron una presentación ante el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos para solicitar que se analice el procedimiento administrativo relacionado con la contratación del servicio de recolección de residuos por parte de la Municipalidad de Concordia.
Amiano explicó que “nosotros en realidad lo que venimos haciendo es una acción con las herramientas que tenemos como legisladoras locales dentro del Concejo Deliberante y en pos de que no hemos tenido ninguna respuesta”. En ese sentido, señaló que recurrieron a una presentación amparada en la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública “para tener los datos que hoy la intendencia no nos está otorgando para hacer nuestra labor de contralor”.
La edil manifestó que el planteo está relacionado con la aprobación de la emergencia ambiental y con la posterior contratación de la empresa VITSA. “El 19 de marzo se aprobó de manera express la emergencia respecto a la cuestión ambiental que alegaban ellos, pero el eje no estaría ahí sino en las formas de contratación que se continuaron el mismo día que se aprobó la ordenanza”, sostuvo.
El cuestionamiento sobre la contratación
Amiano señaló que “nosotros fuimos parte del tratamiento en la sesión, expusimos los argumentos y también teníamos información y vídeos que mostramos del ingreso de los camiones. Sabíamos que se había alquilado un depósito o un galpón con un mes de anterioridad”, expresó.
La concejal sostuvo que, a partir de esas circunstancias, consideran necesario que se revise el procedimiento administrativo. “Por las fechas y la consecuencia y la correlación de hechos, al menos nos parece que se incumplieron las cuestiones normativas de lo que tiene que ver una contratación, por más que sea bajo una vía de excepción”, afirmó.
Sobre la intervención del Tribunal de Cuentas, explicó que el pedido busca que el organismo controle el acto administrativo. “La vía que tenemos nosotros como concejales, posterior a la no respuesta de un pedido de informes y no respuesta de un pedido de acceso a la información pública es un amparo o que intervenga también el Tribunal de Justicia, que es el ente que regula y controla a nivel provincial todos los actos administrativos de los municipios”, indicó.
Pedidos de información y reclamos por el servicio
Consultada sobre los plazos para una respuesta del organismo provincial, Amiano señaló que “no tiene un plazo”, aunque remarcó que solicitaron celeridad por el monto involucrado. “Estamos hablando de fondos de más de 3.000 millones de pesos anuales para el municipio y creemos que podría esto significar un perjuicio para las arcas del municipio o el patrimonio municipal”, explicó.
Además, cuestionó la falta de respuestas por parte del municipio a los pedidos realizados desde el Concejo Deliberante. “Desde el año pasado ya no se responde ningún pedido de informe, el Concejo Deliberante tampoco lo hace fuera de los términos, a través de una reunión o un trabajo en comisión”, manifestó.
En esa línea, agregó que también realizaron un pedido de acceso a la información pública y sostuvo que “tienen entre 15 y 19 días para darnos la información, pero tampoco lo hicieron”. Según expresó, esa situación motivó la búsqueda de otras herramientas institucionales para acceder a la documentación.
La concejal también hizo referencia al funcionamiento del servicio y afirmó que continúan recibiendo reclamos de vecinos. “El servicio no se cumple con normalidad, teníamos un montón de reclamos y fotos que nos llegaban de los vecinos que tampoco se cumplía”, señaló.
El costo del convenio y la revisión administrativa
Amiano sostuvo que el análisis no está vinculado a cuestiones políticas sino que “lo nuestro viene por otro carril totalmente distinto, yo lo vengo denunciando desde el mismo día y lo pueden ver en mis redes y en las mismas notas que me han hecho”, expresó.
En cuanto al convenio firmado con VITSA, Amiano afirmó que “protege más a la empresa” y cuestionó el monto destinado al servicio, que “ya de por sí creemos que es demasiado alto para el municipio”. Según sus palabras, se trata de “250 millones de pesos” y agregó que el acuerdo contempla actualizaciones. “Está atado a que en tres meses se reajusta, ósea que este mes va a tener un aumento y me animo a decir que será arriba de los 40 millones de pesos”, agregó.
Finalmente, Amiano remarcó que la presentación ante el Tribunal de Cuentas tiene como objetivo que se determine si la contratación cumplió con las normas administrativas correspondientes. “Hoy lo que a nosotros nos impulsa a hacer esta solicitud es que haga su trabajo y controle si el acto administrativo por el cual se contrata esta empresa fue o cumple con los requisitos dentro de la normativa, por más que sea una excepción”, concluyó.