Colapso en Concepción del Uruguay: el cierre de «La China» deja a 950 familias en la calle
La mayor planta procesadora avícola de la región bajó sus persianas por tiempo indeterminado. Los trabajadores se encontraron con los portones encadenados y sin notificaciones oficiales. Mientras la empresa aduce conflicto gremial, los datos del BCRA revelan un monumental ahogo financiero con miles de millones en cheques rechazados. Fuertes críticas al intendente José Eduardo Lauritto por su rol de “espectador” ante la crisis.
La mañana del martes 26 de mayo de 2026 quedó marcada como uno de los capítulos más oscuros y dolorosos en la historia socioproductiva de la costa del río Uruguay. Sin avisos previos, telegramas de despido ni notificaciones oficiales, los operarios que se presentaron a cumplir el primer turno en la emblemática planta procesadora «La China», perteneciente al gigante avícola Granja Tres Arroyos, se chocaron de frente con portones cerrados y gruesas cadenas.
Adentro de las instalaciones, solo permanecía el personal de seguridad privada. Afuera, en la calle, se instaló de inmediato la desolación, la incertidumbre y la angustia de más de 950 trabajadores directos que, de la noche a la mañana, descubrieron que ya no tenían dónde levantar el sustento diario.
El cierre por tiempo indeterminado de la principal planta faenadora de la región no es un evento fortuito ni una crisis imprevista. Para la comunidad uruguayense, representa el desenlace de una agonía financiera largamente denunciada y, fundamentalmente, el reflejo de una alarmante inoperancia política por parte de las autoridades locales, encabezadas por el intendente José Eduardo Lauritto, cuya gestión se ha mostrado incapaz de articular defensas efectivas para resguardar el motor industrial de su propia ciudad.
Los números ocultos del BCRA que desmienten a la empresa
A través de comunicados de prensa, la firma (con 65 años de trayectoria y un holding que abarca a más de 7 mil empleados entre Argentina y Uruguay) intentó instalar una narrativa victimista, responsabilizando de forma directa a la conflictividad gremial, el ausentismo laboral y supuestos bloqueos. Sin embargo, los datos duros del sistema financiero revelan una realidad estructural mucho más profunda que desmiente cualquier intento de culpar a los operarios.
De acuerdo con los registros oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) obtenidos por 7Paginas, la crisis de Granja Tres Arroyos responde a un ahogo financiero autoinfligido y a variables macroeconómicas brutales:
Cheques rechazados: La compañía acumulaba al momento del cierre la impactante cifra de $36.942 millones en cheques rechazados, distribuidos en un tendal de 1.813 documentos impagos que dinamitaron la cadena de pagos con sus proveedores locales.
Pasivo bancario: Registra una deuda consolidada que asciende a los $51.763 millones, una situación severamente agravada por embargos de los entes recaudadores debido a millonarias deudas impositivas y previsionales que bloquearon la liquidez diaria para operar.
A este combo se sumó el desplome de la producción, fuertemente golpeado por la pérdida del mercado asiático tras el brote de gripe aviar en 2023, la recesión del mercado interno, los altos costos de la energía y una importación descontrolada de pollos desde Brasil. Todo esto obligó a la planta a ver reducida su faena diaria de un pico histórico de 700 mil pollos a apenas 200 mil en las últimas semanas.
Salarios licuados y pagos en diez cuotas
La soga al cuello terminó de ajustarse con la licuación brutal del salario de los operarios. Durante los meses de marzo y abril, la empresa rompió de forma unilateral los convenios vigentes y comenzó a pagar las quincenas en cuotas: empezaron siendo dos, luego pasaron a cinco y terminaron fragmentadas en hasta diez pagos mensuales.
Al momento de ejecutar el cierre patronal definitivo, la patronal adeudaba todavía el 70% de la segunda quincena de abril y la totalidad de la primera quincena de mayo a la totalidad de la planta de trabajadores.
La gestión de Lauritto: el «espectáculo de la preocupación»
Para la comunidad uruguayense, la pregunta que quema en las calles es obvia: ¿Dónde estuvo el Estado municipal mientras la principal fuente de empleo privado de la ciudad se desmoronaba mes a mes?
La postura del intendente José Eduardo Lauritto ha sido duramente criticada por los trabajadores y representantes sindicales del sector de la alimentación y de la carne, quienes coinciden en que la gestión municipal adoptó un cómodo rol de «espectador de lujo» ante el desastre inminente. Lauritto se limitó a recibir a las familias afectadas una vez consumado el cierre, declarando ante la prensa que «la preocupación es evidente y la situación es dramática».
Las bases sindicales reaccionaron con dureza ante la pasividad oficial:
“Hay casi mil familias que necesitan saber cómo van a comer cada día. Ir a sacarse una foto a la municipalidad para recibir expresiones de preocupación no paga las cuentas ni compra mercadería en los supermercados de la ciudad”, manifestaron voceros de los trabajadores.
La crítica principal radica en la falta absoluta de previsión y en la ausencia de un canal de mediación político fuerte antes de llegar al punto de no retorno. La crisis de Granja Tres Arroyos venía avisando con luces rojas muy claras: en noviembre de 2025, la firma ya había cerrado la planta Becar (también en Concepción del Uruguay), prometiendo falsamente que los 270 operarios reubicados en «La China» tendrían continuidad garantizada. Apenas seis meses después, cerró la segunda planta con todos los trabajadores adentro.
A pesar de este antecedente inmediato y de saber que a principios de 2026 la provincia tuvo que intervenir de urgencia por la falta de pago de los aguinaldos, el intendente Lauritto no diseñó un comité de crisis local, no generó exenciones ni herramientas de alivio fiscal municipal condicionadas a la preservación de los puestos, y falló en presionar políticamente al gobierno provincial y nacional antes del colapso. Esta inacción permitió que la empresa ejecutara un cierre intempestivo, ignorando incluso las conciliaciones obligatorias dictadas por la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos, a cuyas audiencias en Paraná los directivos directamente se negaron a asistir.
Del orgullo industrial al desfinanciamiento
Para entender el impacto de este quiebre es necesario revisar el peso histórico que tiene este establecimiento para la región. La planta «La China» representa una parte fundamental de la identidad de Concepción del Uruguay, localidad apodada históricamente como la capital de la avicultura argentina.
En sus orígenes, el complejo fue diseñado como un establecimiento modelo de alta eficiencia que dinamizó la economía de la costa del Uruguay, integrando de manera directa a cientos de granjas familiares y generando miles de empleos indirectos entre fleteros, semilleros y talleres mecánicos. Con su internacionalización bajo el ala de Granja Tres Arroyos, obtuvo certificaciones para exportar toneladas de pollo congelado a mercados de alta exigencia como China, Rusia y Medio Oriente.
Sin embargo, la estrategia de expansión desmedida que encaró el holding entre 2018 y 2022 —marcada por la compra agresiva de activos en crisis como la ex Cresta Roja en Buenos Aires— comenzó a mostrar fallas. Toda esa expansión corporativa estuvo fuertemente apalancada en deudas financieras que, con el cambio de ciclo económico y la devaluación, terminaron drenando los recursos operativos de las plantas entrerrianas, iniciando el proceso de vacamiento que desembocó en el actual cierre patronal.
Un futuro hipotecado por la desidia
El impacto del cierre de «La China» es un golpe de nocaut directo para el comercio y la economía diaria de Concepción del Uruguay. Son casi mil sueldos industriales de alta calificación que dejan de circular en los almacenes de barrio, las cooperativas locales y el consumo interno de la ciudad.
Mientras en el ámbito empresarial se especula intensamente con una posible venta total del holding a capitales extranjeros —como la norteamericana Tyson Foods, que ya posee un tercio de las acciones de la firma—, el tendal de desocupados exige respuestas inmediatas en las calles. El conflicto ya ha pasado a ser considerado una cuestión de Estado a nivel provincial debido a la magnitud del desastre, pero el daño social ya está hecho y la incertidumbre es total.
La dolorosa lección que deja este colapso es clara: cuando la crisis empresaria avanza sin frenos y la gestión política local se limita a la burocracia de los lamentos públicos en lugar de ejercer una defensa férrea, activa y anticipada de la producción, los platos rotos de la inoperancia los terminan pagando, como siempre, los trabajadores.