Del sueño a la vía judicial: 50 familias de policías de Concordia denunciarán en los tribunales una estafa con terrenos
Lo que comenzó en 2020 como una operatoria oficial hoy se convirtió en un limbo jurídico, económico y habitacional. Compraron lotes a través de la mutual MAIPER y la gestión municipal anterior, pero las tierras pertenecen al IAPV, carecen de servicios básicos y las medidas reales son menores a las pautadas.
El sueño de la vivienda propia para medio centenar de efectivos de la Policía de Concordia se ha transformado en una pesadilla legal que terminará en los tribunales locales. Un grupo de 50 familias asociadas a la mutual MAIPER que presentará una denuncia formal ante la Justicia tras comprobar una serie de graves irregularidades y promesas incumplidas en los terrenos que adquirieron de buena fe.
Los damnificados apuntan contra la gestión del exintendente Enrique Cresto, bajo cuyo mandato se inició la operatoria en el año 2020. Seis años después, el panorama es de total incertidumbre: pagaron la totalidad de los lotes, las mensuras e incluso las escrituras, pero hoy se encuentran con las manos vacías.
Un limbo jurídico: tierras del IAPV y «lavada de manos» estatal
La irregularidad más alarmante que mantiene en vilo a los policías es la titularidad dominial. Los lotes, ubicados en la zona oeste de Concordia, fueron comercializados por el municipio como propios. Sin embargo, pertenecen en realidad al Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV).
«Estamos en 2026 y todavía no podemos ocupar nada. El escribano nos informó que desde la presidencia del IAPV aún no se firmó la resolución para ceder formalmente los terrenos al municipio. Es una falta de respeto total», relató indignado uno de los policías afectados.
Para colmo de males, la última novedad profundizó el malestar del grupo:
“Nos enteramos de que la Municipalidad de Concordia le comunicó al escribano que enviará una nota al IAPV pidiendo la derivación del trámite, pero con la mención explícita de que la mutual MAIPER se haga cargo de los gastos notariales, desligando al municipio y al instituto de toda responsabilidad financiera”.
Ante esto, los uniformados fueron tajantes: “Nosotros ya pagamos la escritura y contamos con todos los comprobantes. Vamos a presentar la denuncia en la Justicia porque no nos importa quién gobierna ni los cambios de gestión; nosotros le pagamos al Estado municipal, que fue quien nos vendió las tierras”.
El «achique» de los lotes y la falta de servicios
Además del conflicto de papeles, las familias se encontraron con sorpresas desagradables en el territorio cuando los agrimensores realizaron las tareas de mensura. El espacio físico real resultó ser notablemente inferior al pautado en los contratos originales:
La promesa original: Terrenos de 10×25 metros (o 10×20 según el sector).
La realidad física: Las medidas se redujeron a 9,50×23,80 metros e incluso a 9×18 metros en algunas parcelas. «Nos entregan otra cosa porque calcularon mal», denunciaron.
A la reducción de los lotes se suma la ausencia total de infraestructura básica. El predio no cuenta con una sola conexión de agua potable, luz ni red de cloacas. Lo más grave, según señalan las familias, es que las respuestas institucionales actuales sugerirían que los vecinos vuelvan a costear conexiones que, por contrato original, ya estaban incluidas y abonadas.
«Apostamos todo lo que teníamos»
Detrás de cada expediente frenado hay ahorros de toda la vida, hijos y miles de horas de servicio de agentes de seguridad que hoy se encuentran pagando alquileres mientras sus carpetas acumulan polvo por trabas burocráticas. Desde el punto de vista estrictamente legal, los asesores advierten que no se debería avanzar con escrituraciones definitivas de lotes que no posean los servicios indispensables para ser habitados.
La próxima semana será crucial. Mientras los asesores legales de las familias planean presentarse nuevamente en las delegaciones del IAPV para intentar destrabar la firma de cesión, el equipo de abogados ultima los detalles para formalizar la presentación penal en los tribunales de Concordia.
«No estamos pidiendo privilegios ni que nos regalen nada. Estamos reclamando lo que pagamos con muchísimo sacrificio. El sueño de la casa propia no puede terminar siendo una estafa amparada por el propio Estado», concluyeron desde el sector de afectados.