Policías de Concordia afirman que vienen siendo estafados desde el 2020
Lo que comenzó en 2020 como el sueño de la vivienda propia para medio centenar de efectivos de la fuerza, hoy —seis años después— se ha convertido en una pesadilla legal, económica y habitacional. Se trata de un grupo de 50 familias asociadas a la mutual MAIPER que denuncian haber sido estafadas por la gestión del ex intendente Enrique Cresto, tras adquirir terrenos que presentan graves irregularidades dominiales, falta de servicios y dimensiones menores a las pactadas.
Un limbo jurídico: Terrenos vendidos que pertenecen al IAPV
La irregularidad más grave que mantiene en vilo a los damnificados es la titularidad de las tierras. Según revelaron a 7Páginas y grupo CAI, los lotes ubicados en la zona oeste de Concordia, vendidos por el municipio como propios en 2020, pertenecen en realidad al Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV).
«Estamos en 2026 y todavía no podemos ocupar nada. El escribano nos informó que el presidente del IAPV aún no firmó la resolución para ceder los terrenos al municipio. Es una falta de respeto total», relató uno de los policías afectados. La próxima semana, los asesores legales volverán a la delegación del IAPV para intentar destrabar un trámite burocrático que lleva años de retraso y que impide la escrituración definitiva.
El «achique» de los lotes y la promesa incumplida de servicios
Además del conflicto de papeles, los compradores se encontraron con sorpresas desagradables al momento de la mensura. Los agrimensores detectaron que el espacio físico no coincide con lo vendido:
La promesa original: Terrenos de 10×25 metros (o 10×20 según el sector).
La realidad: Medidas que se redujeron a 9,50×23,80 metros e incluso a 9×18 metros. «Nos entregan otra cosa porque calcularon mal», denunciaron indignados.
A esto se suma la ausencia total de servicios básicos. A pesar de que la operatoria incluía la promesa de terrenos aptos para habitar, hoy el predio no cuenta con una sola conexión de agua, luz ni cloacas. Lo más grave, según los testimonios, es que la gestión actual o los entes correspondientes pretenderían que los vecinos vuelvan a pagar por conexiones que ya fueron abonadas en la totalidad del contrato original.
El descargo de los damnificados: «Apostamos todo lo que teníamos»
«Somos familias trabajadoras, muchas sin casa propia, que confiamos en un proyecto que se nos presentó como una oportunidad segura y transparente. Pagamos cada cuota, la mensura y ahora estamos terminando de pagar la escritura, pero la respuesta legal es clara: no se debería avanzar con escrituras de terrenos que no cuentan con servicios indispensables», explicaron desde el grupo de afectados.
Detrás de cada expediente hay hijos, ahorros y miles de horas de servicio policial invertidas en una tierra que hoy no pueden tocar. «¿Por qué se nos cobró durante años algo que ya presentaba irregularidades?», se preguntan.
Incertidumbre y reclamo de soluciones
La próxima semana será clave para los 50 agentes y sus familias. Mientras las carpetas de las escrituras continúan frenadas por la falta de una firma oficial, los uniformados exigen transparencia y una solución real por parte de las autoridades provinciales y municipales.
«No estamos pidiendo privilegios. Estamos reclamando lo que pagamos con sacrificio. El sueño de la casa propia no puede ser una estafa para quienes confiaron de buena fe», concluyeron.