JUSTICIA

La Justicia le pidió explicaciones a Nación por los fondos para las rutas de Entre Ríos

El juez federal de Victoria declaró admisible el amparo presentado por tres legisladores nacionales y ordenó al Ministerio de Economía y a Vialidad Nacional que informen sobre el destino de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles.

La Justicia federal dio un primer paso en el reclamo por el financiamiento de las rutas nacionales que atraviesan Entre Ríos. El juez federal de Victoria, Federico Martín, declaró admisible el amparo presentado por el senador Adán Bahl y los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay contra el Estado nacional, el Ministerio de Economía y la Dirección Nacional de Vialidad.

La presentación busca que los recursos recaudados a través del impuesto a los combustibles, que por ley deben destinarse a obras y mantenimiento de la infraestructura vial, sean aplicados efectivamente en las rutas nacionales de la provincia.

En su resolución, el magistrado rechazó el planteo del Gobierno nacional para trasladar la causa a los tribunales de la Capital Federal y dispuso que continúe su tramitación en Entre Ríos. Además, ordenó a los organismos demandados presentar un informe circunstanciado en un plazo de 12 días, con explicaciones sobre la situación denunciada por los legisladores.

Los fondos del impuesto a los combustibles

El planteo judicial sostiene que existe un fondo específico denominado Sistema Vial Integrado (SISVIAL), que se nutre de un porcentaje de lo que se recauda mediante cada carga de combustible y cuyos recursos tienen como destino el mantenimiento de las rutas nacionales.

Sin embargo, los legisladores advirtieron que esos fondos no estarían siendo aplicados a las obras y tareas de conservación previstas. De acuerdo con datos oficiales del propio Gobierno nacional, en abril de 2026 el fondo contaba con más de 849.000 millones de pesos colocados en plazos fijos y títulos públicos.

Para los impulsores del amparo, esta situación resulta especialmente preocupante frente al estado de distintos corredores viales que atraviesan Entre Ríos, entre ellos las rutas nacionales 12, 18 y 136, donde existen tramos deteriorados y obras que permanecen paralizadas o sin finalizar.

El reclamo apunta, precisamente, a que los recursos que se recaudan con un destino específico sean utilizados para atender las necesidades de infraestructura y seguridad vial de los corredores nacionales.

Qué resolvió el juez federal

En la resolución, Federico Martín consideró admisible la acción de amparo y requirió al Ministerio de Economía y a la Dirección Nacional de Vialidad un informe detallado sobre los planteos formulados.

El plazo establecido es de 12 días y la solicitud se fundamenta en el artículo 43 de la Constitución Nacional y el artículo 8 de la Ley N.º 16.986, que regula este tipo de acciones judiciales.

Por otra parte, el magistrado no hizo lugar, por el momento, a la medida cautelar urgente que habían solicitado los legisladores. No obstante, dejó abierta la posibilidad de revisar esa decisión durante el desarrollo del proceso.

De esta manera, la causa continuará en la Justicia federal entrerriana y ahora el Gobierno nacional deberá explicar qué destino tuvieron los recursos del fondo vial y por qué no se estarían traduciendo en las obras y el mantenimiento que reclaman para las rutas nacionales de la provincia.

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