INTERÉS GENERALJUSTICIA

La Cámara Federal confirmó el procesamiento del comisario Rosatelli por la causa de los 1.345 kilos de marihuana

El tribunal de Paraná ratificó el procesamiento y la prisión preventiva del comisario de la Policía de Entre Ríos Daniel Alejandro Rosatelli y de otros cuatro acusados. La investigación sostiene que el policía habría realizado un “aporte logístico” para la operación que terminó con el secuestro de 1.345 kilos de marihuana en La Paz. La Justicia todavía espera acceder al contenido de su iPhone 17 Pro.

La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná confirmó este miércoles el procesamiento del comisario de la Policía de Entre Ríos y abogado Daniel Alejandro Rosatelli, en el marco de la investigación por el transporte de 1.345 kilos de marihuana que fueron encontrados el 13 de febrero de 2026 en un furgón, tras una persecución en el departamento La Paz.

La resolución también alcanzó a Martín Pelizzari, Claudio David Luna, Alan Josías Favieri y José Belén Favieri, cuyos procesamientos fueron ratificados. Además, el tribunal mantuvo la prisión preventiva de los cinco acusados en la Unidad Penal N.º 1.

La decisión fue adoptada por los camaristas Cintia Gómez, Beatriz Aranguren y Mateo Busaniche, quienes consideraron que existen elementos suficientes, con el grado de probabilidad propio de esta etapa del proceso, para sostener la hipótesis delictiva planteada por el juez federal de Paraná, Leandro Ríos.

El “aporte logístico” que atribuye la Justicia

Uno de los principales argumentos de la defensa de Rosatelli fue que no existían pruebas que lo vincularan directamente con el traslado de la droga, ocurrido tres meses después de la compra de la camioneta Citroën Jumper utilizada para transportar el cargamento.

Sin embargo, la Cámara sostuvo que la imputación no se basa en que Rosatelli haya participado personalmente del traslado, sino en el supuesto aporte logístico que habría realizado dentro de una estructura con distribución de funciones.

En ese sentido, la camarista Cintia Gómez señaló en su voto que el tiempo transcurrido entre la adquisición del vehículo y su posterior utilización “no permite, por sí solo, desvincular” ambos acontecimientos.

El fiscal general José Ignacio Candioti había planteado una línea similar al sostener que, en organizaciones delictivas con distribución de tareas, quien aporta los medios logísticos no necesariamente debe mantener contacto directo con quienes ejecutan el transporte.

Una camioneta, intermediarios y un pago bajo sospecha

De acuerdo con la investigación judicial, Rosatelli habría intervenido en la adquisición de la Jumper el 4 de noviembre de 2025, aunque procurando no aparecer formalmente como el comprador.

La operación habría tenido como intermediario a Martín Pelizzari, quien, según la acusación, habría actuado siguiendo instrucciones de Rosatelli.

El expediente también puso bajo la lupa la modalidad de pago del vehículo. Según surge del fallo, se entregaron 2.400 dólares, dos cheques del Banco Galicia por tres millones de pesos cada uno —que resultaron ser apócrifos— y dos transferencias bancarias de un millón de pesos realizadas desde una cuenta perteneciente a Claudio Luna.

El valor acordado habría sido de 15 millones de pesos y quedaba pendiente completar la diferencia.

Otro elemento considerado por los investigadores fue la realización de una verificación policial del vehículo sin turno previo en la planta de avenida Zanni de Paraná.

El testimonio que ubica a Rosatelli junto a Pelizzari

La Cámara también valoró testimonios incorporados al expediente.

Entre ellos aparece el de Jonathan Barbieri, expolicía y vendedor de la camioneta, quien relató que Pelizzari le indicó que llevara el vehículo para mostrárselo a la persona que iba a pagarla.

Según ese testimonio, la Jumper fue llevada hasta inmediaciones del club Echagüe y allí Barbieri habría sido informado de que debía dejarla estacionada con las llaves y la documentación.

El testigo sostuvo además que su cuñado, Víctor Emanuel Wursten, habría visto a Rosatelli sentado en el asiento del conductor, conversando con Pelizzari.

La Cámara tomó este relato como uno de los elementos que permiten sostener, en esta etapa procesal, la hipótesis de que el comisario tuvo intervención en la operación de adquisición del vehículo.

La agresión que también quedó incorporada a la investigación

Otro episodio analizado por los camaristas fue la agresión sufrida por Sixto Ramón Maciel, quien habría actuado como intermediario entre Barbieri y Pelizzari.

El hecho ocurrió el 12 de noviembre en la ONG Suma de Voluntades, donde Rosatelli habría agredido físicamente a Maciel.

Según la resolución, las declaraciones de Maciel, Barbieri y otros testigos, junto con los informes médicos que acreditaron las lesiones, permiten establecer provisoriamente una vinculación entre aquella agresión y las circunstancias que rodearon la adquisición de la camioneta.

La Justicia aclaró que este aspecto deberá profundizarse durante la investigación.

La camioneta terminó vinculada al transporte de la droga

Otro de los puntos considerados por la investigación es el recorrido que tuvo la Jumper después de su adquisición.

Según los registros de las cámaras del 911, el vehículo fue llevado hasta inmediaciones del domicilio de Esteban Siebenlist Bustos, señalado en el expediente como quien habría organizado el transporte del cargamento de marihuana.

Siebenlist Bustos fue detenido a comienzos de noviembre luego de permanecer prófugo.

La investigación también determinó que la camioneta recién volvió a aparecer registrada en las cámaras hacia fines de enero, ya con una patente diferente, correspondiente a otra Jumper blanca.

El 13 de febrero finalmente fue localizada durante el operativo que terminó con el secuestro de los 1.345 kilos de marihuana.

El teléfono que puede aportar nuevas claves

Uno de los aspectos que mantiene expectativa dentro de la investigación es el contenido de los teléfonos celulares secuestrados.

En particular, todavía no se pudo acceder al iPhone 17 Pro de Rosatelli, debido a que no fue aportado el patrón de desbloqueo.

La Cámara remarcó que aún quedan medidas de prueba pendientes, entre ellas las pericias sobre los dispositivos electrónicos, por lo que no descartó que puedan surgir nuevos elementos para determinar con mayor precisión el rol de cada uno de los acusados y establecer si existen otros integrantes o eslabones dentro de la presunta estructura dedicada al tráfico de estupefacientes.

Por ahora, la Justicia Federal confirmó los procesamientos y las prisiones preventivas. El expediente continúa avanzando y, de acuerdo con la propia resolución, la investigación todavía no está cerrada.

La causa deberá determinar finalmente qué papel cumplió cada acusado, cómo se articuló la adquisición y posterior utilización de la camioneta y quiénes participaron de la operación que terminó con uno de los mayores secuestros de marihuana registrados recientemente en Entre Ríos.

Comenta con tu cuenta de Facebook
¡Compartir Publicación!