Causa Contratos: detuvieron al cuñado de Juan Pablo Aguilera investigado por el robo de los fondos públicos de los entrerrianos
Alejandro Almada, imputado en la causa por los contratos truchos de la Legislatura entrerriana, se presentó espontáneamente en Gendarmería luego de que la Justicia ordenara su detención. La Fiscalía pediría prisión preventiva y anticipó una pretensión punitiva de 10 años de prisión.
La causa por los denominados contratos truchos de la Legislatura de Entre Ríos sumó en las últimas horas un nuevo capítulo. La Justicia ordenó la detención de Alejandro Almada, cuñado de Juan Pablo Aguilera, luego de constatarse que habría incumplido la prohibición de ausentarse de la ciudad de Paraná sin autorización judicial.
Almada, de 41 años, se encontraba imputado desde 2018 y, tras conocer la medida judicial, se presentó espontáneamente durante la noche en la sede de Gendarmería Nacional, donde quedó a disposición de la Justicia. Está previsto que sea trasladado a Paraná y que la Fiscalía solicite una audiencia para evaluar su situación y pedir su prisión preventiva.
Según la investigación, Almada habría cumplido un papel dentro del esquema de contratos apócrifos que funcionó en la Legislatura provincial entre 2008 y 2018. El expediente sostiene que era uno de los encargados de la recaudación junto a su cuñado Juan Pablo Aguilera, quien se desempeñaba en el Senado entrerriano.
Una prohibición judicial que habría sido incumplida
Almada había recuperado su libertad en marzo de 2019, pero quedó sujeto a una prohibición absoluta de ausentarse de Paraná sin autorización de la Fiscalía o de la Justicia.
Sin embargo, de acuerdo con los elementos incorporados a la investigación, el imputado habría establecido su residencia en Misiones y posteriormente en Foz do Iguazú, Brasil, pese a mantener declarado ante la Justicia un domicilio en Paraná.
La Fiscalía solicitó informes a la Dirección Nacional de Migraciones y detectó numerosos movimientos fronterizos. El registro migratorio habría evidenciado cientos de cruces entre Argentina y Brasil durante los últimos años.
La información reunida llevó a la Fiscalía a solicitar la detención, medida que finalmente fue dispuesta por la jueza de Garantías Marina Barbagelata.
La ruta del dinero y las inversiones bajo investigación
Uno de los aspectos que vuelve a poner el foco sobre Almada son las inversiones realizadas durante los últimos años junto a su pareja, Micaela Agostina Banegas, cuyos bienes también se encuentran alcanzados por medidas de inhibición judicial.
La investigación periodística citada en el material señala que ambos desarrollaron emprendimientos en la zona de la Triple Frontera, entre ellos un bar denominado V8 Garagem Bar, ubicado sobre Avenida Das Cataratas, en Foz do Iguazú, que cuenta con vehículos de colección y también funciona como espacio gastronómico y de eventos.
Banegas figura además vinculada a otras sociedades comerciales radicadas en Brasil. Para la Fiscalía, la existencia de inversiones pese a las inhibiciones patrimoniales podría eventualmente ser analizada como una maniobra de lavado de activos, delito de competencia federal.
Un antecedente clave
En enero de 2018, meses antes de que se conociera públicamente el escándalo de los contratos truchos, Almada y Banegas fueron interceptados por la Policía Federal sobre la ruta nacional 12.
Según consta en el expediente citado, en el vehículo en el que se trasladaban se encontró una caja con fajos de billetes de distintas denominaciones por un total de 371.400 pesos, equivalentes a unos 20.000 dólares de aquel momento.
El dinero fue secuestrado por la Justicia Federal debido a su presunto origen dudoso. La Fiscalía vinculó posteriormente ese monto con anotaciones encontradas en un cuaderno perteneciente a Hugo Mena, donde figuraban supuestas entregas de dinero a Almada.
De la Policía a la Legislatura
La trayectoria de Almada también forma parte de la investigación. De acuerdo con el expediente, fue designado en 2006 como agente auxiliar de la Policía de Entre Ríos y, posteriormente, trasladado a la Custodia Gubernamental.
En 2012 solicitó la baja de la fuerza y, según la acusación, pasó a desarrollar actividades vinculadas a las firmas Tep y Next, señaladas en la investigación por su participación en el direccionamiento de publicidad oficial.
Dos años después ingresó a la Cámara de Diputados, donde ya se encontraba funcionando el mecanismo de los contratos investigados.
Qué viene ahora
Tras su presentación ante Gendarmería, se espera que Almada sea trasladado a Paraná en las próximas horas. La Fiscalía buscará que se realice una audiencia para definir su situación procesal y solicitaría la prisión preventiva hasta la realización del juicio.
La causa por los contratos truchos todavía no tiene fecha de inicio del debate oral. En la etapa de remisión a juicio, el Ministerio Público Fiscal anticipó para Almada una pretensión punitiva de 10 años de prisión.
La detención se produce además luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmara las condenas contra el exgobernador Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez, quienes posteriormente fueron encarcelados.
El expediente continúa así sumando movimientos mientras la Justicia avanza hacia la etapa de juicio, en una de las investigaciones por corrupción más importantes de la historia reciente de Entre Ríos.